Diario de Navarra

El mismo día que ETA se disolvía, los presidentes de los gobiernos navarro y vascongado, Barkos y Urkullu, escenificaron una cumbre en Bértiz. Primero, se dejaban fotografiar paseando, como dos grandes estadistas, conversando con gesto grave, pero sereno, entre las hayas y los robles del señorío. Después, ante los medios, hacían pública al alimón una declaración “histórica” con la anunciaban “una nueva etapa de convivencia” ¿Qué significa esto? ¿Los nacionalistas van a aceptar por fin que sus convecinos no nacionalistas no padecen ninguna enfermedad, que no hay que “construir” ninguna sociedad vasca, porque esta ya existe? ¿Que en un sistema democrático no se debe buscar corregir la identidad cultural y lingüística de los ciudadanos, sustituyéndola por otra supuestamente más pura, más auténtica? Me temo que no. Cualquiera que recuerde aquel lenguaje que llamaba “conflicto político” al terrorismo, “represión” a las detenciones y “cárceles de exterminio” a las prisiones, no podrá menos que recelar de lo que esa “nueva etapa de convivencia” pueda traer consigo. Precisamente, pocas semanas después de la declaración de Bértiz, el PNV y Bildu han consensuado el preámbulo y el título preliminar del proyecto de un nuevo Estatuto para el País Vasco. En un lenguaje pomposo y hermético, el texto describe una suerte de “hidalguía colectiva asimétrica”, en la que 44 millones de españoles quedarán maniatados por la “libre decisión” de dos millones de vascos. Algunas citas: “El principio de legalidad no será límite”; “[…] el autogobierno vasco […] Se fundamentará, en todo caso, en la libre y democrática decisión de la ciudadanía vasca […] para decidir su estructura política y su régimen de convivencia”; “las instituciones vascas tendrán la potestad para regular y gestionar la realización de consultas populares y referéndums, tanto en lo que corresponde a asuntos políticos y sociales de su ámbito competencial, como [¡atención!] a las relaciones que desean tener con otros territorios de Euskal Herria, con el Estado español y otros espacios políticos europeos e internacionales”. “El Sujeto jurídico político [vasco] estará vinculado al Estado español por una relación singular y bilateral […] de respeto mutuo y de no subordinación, anudándose a tal efecto un sistema […] que blindará el autogobierno vasco”. Dicho en modo descodificado: “Nosotros, nos reservamos el derecho a hacer o deshacer a nuestro antojo cualesquiera vínculos, a romper los acuerdos y leyes que queramos y cuando queramos: porque en eso consiste la democracia. Ahora bien… nuestros privilegios -nuestros derechos, que son obligaciones para usted- estarán blindados y nadie podrá tocarlos: porque en eso consiste también la democracia.” Literalmente, de nuevo: “El modelo de relación […] con el Estado español se articulará sobre el principio de igualdad política. Se desarrollará en libertad, de igual a igual, respeto institucional y reconocimiento mutuo, y tendrá naturaleza confederal”. ¿Cómo puede haber igualdad entre la decisión de dos millones y la de cuarenta y cuatro? ¿En eso consiste lo “confederal”: 44=2? ¿Cómo va a haber reconocimiento mutuo, si yo no puedo decidir sobre sus asuntos, pero usted sí puede decidir sobre los míos? ¿Cómo, si la voluntad de su sujeto político es libre y soberana para romper leyes y acuerdos, pero la del mío, no? Poco más adelante, el texto pactado entre PNV y Bildu divide implícitamente a los habitantes del País Vasco en dos categorías. Los “ciudadanos vascos” y los “nacionales”. Los primeros son todos aquellos que tengan “vecindad administrativa” en el País Vasco. ¿Suena progresista? No lo es: es titadine para el Estado autonómico. Todos los empadronados serán, sí, ciudadanos vascos, aunque no sean ciudadanos españoles -no por racismo, sino porque han llegado hace un mes, legal o ilegalmente, y pueden irse dentro de otro-. Por lo tanto, el censo español de ciudadanos en el País Vasco no coincidirá con el censo del Gobierno Vasco. Los ciudadanos, en definitiva, son asimilados a los vecinos. ¿Quiénes son entonces los “nacionales”? Apenas se nos dice nada de ellos. Solo que “se reconocerá la nacionalidad vasca a la ciudadanía vasca en los términos regulados por una ley aprobada por el Parlamento Vasco”. Aten cabos: habrá ciudadanos vascos con nacionalidad vasca y ciudadanos vascos carentes de ella. Pero si, como se dice asimismo en el Preámbulo, “el Pueblo Vasco es nación”, ¿qué lugar en la escala social ocuparán los ciudadanos vascos que no tienen la nacionalidad, que no forman parte del Pueblo, de la Nación? Ciertamente, el texto dice expresamente que todos los ciudadanos (es decir, los residentes) tendrán los mismos derechos y deberes. El papel lo aguanta todo. Porque, ¿para qué quiere introducirse una distinción jurídica, la de la nacionalidad, que no sirve para nada? Diga lo que diga la letra, en la práctica, los nacionales serán “los de aquí” y suya será la Tierra. Los otros, los ciudadanos-vecinos, serán los que un buen día llegan y otro se van. Nominalmente gozarán de los mismos derechos, pero de hecho se considerará que pertenecen a otra nación, a otro sujeto político. Hace justo una semana, quienes participábamos en una manifestación contra la política lingüística del gobierno de Navarra fuimos acusados por el portavoz del partido de la presidente de Navarra de “antinavarros”. Pocos días después, Otegi escribía: “Hay que echar a todos los aparatos de Estado de nuestra tierra”. ¿Será ese el sino de los ciudadanos no nacionales del futuro País Vasco? ¿Serán estas dos declaraciones el patrón de la “Nueva etapa de convivencia”? Iñaki Iriarte López es profesor de la EHU/UPV y parlamentario foral de UPN

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Una nueva etapa de convivencia

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