Diario de Navarra

Hace unos minutos, justo antes de que me pusiera a escribir estas líneas, le oía en Antena 3 a Carlos Bacaicoa, el abogado pamplonés de la joven madrileña que sufrió la violación -abusos sexuales habrá que decir tras la sentencia- de la Manada en los Sanfermines de 2016. Bacaicoa, como es evidente, mostraba su desacuerdo con un fallo judicial “desafortunado” y “lamentable”, pero cargaba sobre sus hombros la defensa profesional de los magistrados de la Audiencia de Pamplona. “¿Qué le parece que se recojan firmas en internet para que se inhabilite a estos tres jueces?”, le preguntaba. “Un disparate”, respondía. “¿Cómo ha visto la reacción en la calle?”. “La agradecemos, pero hay que dejar la justicia a los profesionales de la justicia, no a la gente de la calle. Los jueces son profesionales de carrera y no se dejan influenciar. En este caso creo que se han equivocado pero no se han dejado influenciar por lo que dice la calle”, decía el letrado. La alternativa a una justicia profesional son los jurados, pero, seamos sinceros, lo cierto es que ni queremos ser jurados ni nos fiamos de las sentencias que dictan los tribunales formados por ciudadanos, a los que vemos todavía más volubles y más sensibles a las presiones que los jueces. Hay dos cosas que se le reprochan a la sentencia, pero que no están en ella. Las manifestaciones y los tuits al grito de #YoSíTeCreo obvian el hecho de que los dos magistrados que firman la decisión sí han creído de forma completa la versión de la víctima, y no la ponen en duda en ningún punto del razonamiento. La segunda se resume en esos carteles que proclaman: “Si nos resistimos nos matan; si no nos resistimos no nos creen”. O que, como decía en una nota el Gobierno de Navarra, consideran que se pone “el foco en la reacción de las mujeres en vez de en el comportamiento de hombres violentos”. En realidad, este punto de la sentencia, en contra de lo que dice el Ejecutivo foral, no depende de la resistencia de víctima, sino de los agresores. No hubo violencia porque los miembros de la manada no empujaron o golpearon a la víctima, y ella misma descartó el uso de la violencia en su declaración. Y la diferencia entre intimidación, que hubiera llevado a la condena por agresión sexual, y el prevalimiento, que dejó el delito en abusos sexuales, está más en los detalles del arcano lenguaje jurídico que en cómo entendemos esas dos palabras el común de los mortales. El Código Penal refleja de alguna manera el consenso que tenemos en la sociedad sobre lo que es intolerable, sobre aquello que merece las máximas sanciones. El adulterio, el aborto o el escándalo público dejaron de ser delito ya hace años, mientras otros comportamientos, como la difusión de imágenes íntimas, se han incorporado al texto. Pero en estos últimos años, tal vez consecuencia de esa indignación constante en la que vivimos, el signo de los tiempos es la petición de endurecimiento de las penas. Se reclama la prisión permanente revisable para crímenes tremendos, condenas ejemplares en el caso de los atropellos a ciclistas, sentencias más duras en los casos de corrupción, penas más largas en los delitos sexuales. Estamos convencidos de que las leyes, cuando más duras son, más justas son. Queremos meter a la gente en la cárcel y tirar la llave (mientras no sean los nuestros, claro). Todo esto me desasosiega. Será que soy un blando. ‘De los delitos y las penas’ Cesare Bonesana, marqués de Beccaria, publicaba en 1764 De los delitos y las penas, uno de los libros más influyentes en el derecho europeo. Contrario a la pena capital, Beccaria proclamaba que “el fin de las penas no es otro que impedir al reo causar nuevos daños a sus ciudadanos y retraer a los demás de la comisión de otros [delitos] iguales. Luego deberán ser escogidas aquellas penas, y aquel método de imponerlas que, guardada la proporción, hagan una impresión más eficaz y más durable sobre los ánimos de los hombres, y la menos dolorosa sobre el reo”.

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'La Manada': la indignación y la justicia

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