Justicia

Confirman 30 años de prisión a un pedófilo que olvidó un USB en un banco de Tudela y fue absuelto dos veces

El Tribunal Constitucional respalda la condena impuesta por la Audiencia tras los recursos de Fiscalía y abogado 

Paso de Invierno de Tudela, zona donde fue encontrado el USB del condenado
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Paso de Invierno de Tudela, zona donde fue encontrado el USB del condenadoBlanca Aldanondo
Paso de Invierno de Tudela, zona donde fue encontrado el USB del condenado

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Gabriel González

Publicado el 18/11/2026 a las 19:20

Diez años y dos absoluciones después, el Tribunal Constitucional acaba de confirmar una condena de 30 años de prisión a un pedófilo que perdió en Tudela un USB que contenía imágenes suyas abusando sexualmente de niños de entre 1 y 8 años. Es la pena que le impuso la Sección Primera de la Audiencia Provincial tras un periplo judicial condicionado por el cuestionamiento de cómo se accedió a las imágenes, a través de una copia de seguridad que la Guardia Civil realizó del USB después de ser entregado en objetos perdidos. El TSJN revocó dos veces la absolución, tras los recursos de fiscal y abogado de oficio, y la tercera sentencia fue condenatoria. El TSJN, el Tribunal Supremo y ahora el Tribunal Constitucional han confirmado la condena. El pedófilo se encuentra en la cárcel desde 2021.

El caso arranca en 2016. El acusado se dejó su bandolera en un banco del Paseo de Invierno de Tudela el 14 de junio de 2016. Una mujer lo vio y lo llevó a las dependencias de la Guardia Civil. En su interior, el bolso contenía una memoria USB y dos tarjetas SD, documentación personal y una cámara. El agente revisó la documentación de la bandolera y avisó a la policía local para que localizara a su propietario. Pero también realizó una copia de seguridad de la memoria USB y de las tarjetas SD. 

Al día siguiente, después de que el propietario del bolso ya lo hubiera retirado, el agente revisó el material de la copia realizada y encontró una carpeta denominada ‘Trance’ en la que encontró imágenes de contenido pornográfico con menores de edad, algunas de ellas de él mismo con menores de muy corta edad, hijos suyos o de las distintas parejas que había tenido. 

El agente lo comunicó a la Policía Judicial de Tudela , que elaboró un atestado que entregaron al juez el 21 de junio, seis días más tarde del hallazgo. El magistrado de instrucción autorizó entrada y registro en el domicilio y el hombre fue detenido. Cuando los agentes le preguntaron si había tenido algún tipo de relación sexual con uno de los menores, respondió “que no, que al menos conscientemente, que si las había mantenido era porque estaba etílico”. Ante el juez, optó por no declarar y su abogado pidió la nulidad de todo el caso por vulnerar su derecho fundamental a la intimidad. 

La Audiencia absolvió al acusado en dos ocasiones. Para los magistrados (la segunda sentencia fue con magistrados distintos), el acceso al USB fue “irregular, carente de justificación y desproporcionada”, ya que en el interior del bolso estaba la documentación de su dueño y por tanto no era necesario hacer una copia del USB para localizar al propietario. Argumentaban que, según el Tribunal de Derechos Humanos y el Tribunal Supremo, para acceder a contenidos de un ordenador o dispositivo de almacenamiento masivo hay que tener una autorización judicial, salvo que en casos de urgencia o necesidad. En este caso, proseguían, ni había autorización judicial (no se pusieron los hechos en conocimiento del juez hasta seis días y medio después), ni urgencia, ni necesidad. Sobre la declaración del acusado ante la Guardia Civil sobre si mantuvo alguna relación sexual con el menor, la sentencia recuerda que no fue ratificada en sede judicial.

El fiscal del caso Miguel Ros (su compañero Carlos Cerrada lo llevó en instrucción) y la acusación particular, ejercida por el abogado Sergio Gómez,  recurrieron ambas absoluciones. Y en sendas ocasiones la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJN) revocó las absoluciones, ordenando a dictar nuevas sentencias. En la última, los magistrados argumentaron que había que distinguir dos momentos: el primero en el que se realiza el volcado de la tarjeta entrada y el segundo cuando, ya con orden judicial, se practicó una entrada y registro en su domicilio, en la que el acusado entregó voluntariamente la memoria USB y las dos tarjetas SD que había perdido. Según el TSJN, en este segundo momento la investigación de la Guardia Civil y del jugado “estaban ya desvinculadas de ese primer copiado irregular". Por lo tanto, ordenó a los mismos magistrados que habían emitido la segunda absolución que dictaran una nueva sentencia valorando las imágenes. Y una vez analizadas, le impusieron 30 años de cárcel: dos delitos continuados de abuso sexual a menores de 13 años (21 años de cárcel en total), un delito de abuso sexual (2 años), un delito de utilización de menores para la elaboración de material pornográfico (6 años) y otro delito de posesión de pornografía infantil (1 año).

HASTA EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La condena fue recurrida y ha llegado hasta el Tribunal Constitucional, que este martes, 18 de noviembre, la acaba de confirmar. Los magistrados censuran la actuación del guardia civil que realizó un acceso al USB, pues hubo "una injerencia en la intimidad personal que vulneró su derecho fundamental a la intimidad". Según argumentan, no era necesario identificar al dueño de los dispositivos ni existía una investigación en marcha para hacerlo, "por lo que la actuación fue puramente prospectiva". "Incluso ante las conductas más reprobables como las que llevaron a la condena del demandante, no pueden desconocerse las garantías procesales básicas". 

Pero a pesar de existir una lesión en su derecho a la intimidad en esa primera entrada y registro del domicilio del recurrente, el Tribunal Constitucional concluye que en la investigación posterior, cuando el detenido prestó su consentimiento en el juzgado de instrucción para que se accediera al dispositivo, se produjo "una desconexión de la antijuricidad respecto a la información que contenían los dispositivos de memoria", por lo que su condena no vulnera la presunción de inocencia.

La sentencia cuenta con un voto particular que estima que el acusado tenía que haber sido absuelto, pues la gravedad de la injerencia en el acceso inicial al USB "debería determinar la prohibición de valoración de todas las pruebas". Y añade que al detenido no se explicó ante el juez la consecuencias que podía tener el conceder el acceso a la prueba nuclear del caso.

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