Diario de Navarra

Los testimonios de María José, Pilar, Óscar y Álvaro, que así se llaman los guardias civiles y sus parejas apaleadas en Alsasua por un grupo de radicales llenos de odio, reflejan que sigue habiendo rincones de la geografía navarra y vasca en los que todavía está instaurada la dictadura del miedo, el pensamiento único y la falta de libertad. Porque eso es no poder tomar una copa en un bar de madrugada, aguantar insultos, sufrir amenazas, tener que abandonar el hogar e irse de su pueblo. “Me aislaron totalmente, me hicieron la vida imposible”, relataba María José. ¿Y dónde han estado las instituciones más relevantes de Navarra, el Gobierno, el Parlamento y el Ayuntamiento de Pamplona? Arropando y sumándose a una manifestación convocada por las familias de los jóvenes acusados de la agresión. Estas mismas instituciones no consideraron necesaria su presencia en una concentración de solidaridad con los dos guardias civiles y sus parejas, con excusas burdas y mentiras. El cuatripartito, Geroa Bai, Bildu, Podemos e I-E, ha acompañado a una parte y ha abandonado a la otra. Y si alguien tenía dudas, la portavoz del Gobierno, María Solana, las zanjaba con toda la contundencia posible: “El Gobierno de Navarra estuvo donde tenía que estar” y “participó de lo que tenía que participar, que es reivindicando justicia”. El contorsionismo dialéctico al que nos tienen acostumbrados la portavoz y su presidenta Barkos ya no cuenta con credibilidad alguna, se han quitado las caretas participando de la estrategia de Bildu, de convertir a los verdugos en víctimas, mientras las verdaderas víctimas tienen que esconderse o huir. La vieja maniobra del blanqueamiento, bien conocida desde hace más de cuatro décadas, cuando los etarras eran elevados a la categoría de héroes y los muertos eran enterrados casi a escondidas en los cementerios. JUSTICIA NO, MI JUSTICIA Cuando el Gobierno foral reclama justicia, a la vez que le dice a los tribunales cómo debe calificar lo sucedido en Alsasua, olvida otra vez que en un sistema democrático la justicia la imparten los jueces, no el poder Ejecutivo ni el Legislativo. Se llama separación de poderes y el objetivo es, precisamente, garantizar una justicia independiente frente a las injerencias y las presiones políticas. Todo el mundo puede tener su propia opinión sobre el suceso de Alsasua: desde que ha sido una simple trifulca tabernaria hasta que se trata de un acto de terrorismo. Allá cada cual con sus criterios políticos y sus principios morales. Las opiniones son libres, pero corresponde a los jueces, y sólo a ellos, determinar el tipo de delito cometido, y en ningún caso el Gobierno de Navarra, el Parlamento foral y el Ayuntamiento de Pamplona están para enmendar la plana al poder judicial e intentar restar gravedad a los hechos, utilizando de manera partidista las instituciones de todos los navarros. Navarra se merece unas instituciones gobernadas por políticos que sepan cuál es su sitio a la hora de elegir entre las víctimas y los verdugos. Unas instituciones que no estén sometidas a organizaciones políticas que durante décadas han insuflado rencor en la sociedad y hoy siguen sin reconocer todo el daño causado y sin condenar el terrorismo etarra. La banda terrorista ETA ya es historia, una lamentable historia, pero las agresiones de Alsasua evidencian que la semilla del odio sembrada durante años por la izquierda abertzale sigue viva y tolerada. En pleno siglo XXI hay gente que cree que puede decidir sobre la vida de los demás; que tiene el derecho de acosar a quienes no piensan como ellos o a los que no son de los suyos; o propinar palizas por llevar un uniforme. ¿De qué justicia habla la presidenta Barkos y el sumiso cuatripartito?

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