Diario de Navarra

Cada vez más, ante el cúmulo de problemas políticos, económicos y sociales que nos acechan, hay voces que reivindican el espíritu de la Transición, es decir, la negociación y el consenso en la búsqueda de soluciones. Yo también soy de los que piensan que aquel espíritu que aspiraba a sortear las diferencias y buscar los puntos de encuentro fue esencial no sólo para dotarnos de una Constitución, sino también para construir, al amparo de aquella ley de leyes, un Estado de Bienestar homologable al existente en Europa, que garantizase una sanidad y educación públicas para todos, una pensiones de jubilación dignas y unas relaciones laborales en condiciones de igualdad entre empresas y sindicatos. Aquel modelo tenía también sus enemigos, encogidos a finales de los 70, pero crecidos al calor de las políticas neoliberales desarrolladas por Reagan y Thatcher y de la globalización en los 80 e implacables tras la caída del comunismo con el muro de Berlín. Estas recetas neoliberales, que buscaban desmontar el modelo europeo de bienestar, empezó a aplicarlas en España el Gobierno de Aznar y, tras el paréntesis de los dos gobiernos socialistas de Zapatero, con el estallido de la crisis y las políticas de austeridad (las víctimas prefieren decir austericidio) impuestas por las instituciones internacionales y la Comisión Europea, el Gobierno de Rajoy con mayoría absoluta remató la jugada. Se rompió el consenso y se aplicó una política de recortes que disparó el desempleo, deterioró las condiciones de trabajo y los salarios, debilitó los servicios públicos sanitarios y educativos, y en última instancia está poniendo en peligro el sistema público de pensiones. Ése es el objetivo de la reforma de 2013, que establece que mientras la Seguridad Social tenga déficit, las pensiones no suban más del 0,25%. A estas alturas, no es ningún secreto que detrás de la campaña de acoso y derribo al sistema público de pensiones están los intereses de la banca y los fondos privados, que, con la complicidad del Gobierno del PP, intentan generar intranquilidad y sembrar dudas sobre la viabilidad de las pensiones públicas. Les va en ello un gran negocio. Es un mensaje falso e interesado. Pero es que, además, con cifras de paro todavía escandalosas y con trabajadores con salarios cada vez más generalizados por debajo de los mil euros, el ahorro privado de cara a completar la jubilación parece un objetivo imposible. Por eso creo que sería bueno volver al espíritu del 78, para empezar esta vez a reconstruir el mejor armazón que han tenido los Estados europeos desde la II Guerra Mundial y España desde el final de la dictadura franquista: el Estado Social y Democrático de Derecho. Un Estado basado en la libertad y en los derechos políticos y sociales, capaz de redistribuir la riqueza de manera más igualitaria, mediante una política fiscal justa, que garantice unos servicios públicos y unas prestaciones sociales y asistenciales de calidad, incluidas las pensiones. Pero para ello, es imprescindible que se recuperen el empleo y las condiciones laborales y salariales que se llevaron por delante la crisis y la reforma laboral, que se restituya el equilibrio entre patronal y sindicatos en las relaciones laborales y que se renueve en profundidad el actual modelo productivo. Y en este escenario, lo importante ya no solo será recuperar el poder adquisitivo de las pensiones, sino compaginar una vejez saludable, que permita a quien lo desee alargar su vida laboral o disfrutar con un poco de holgura económica del tiempo libre bien ganado tras muchos años de trabajo y cotización, con una pensión también saludable. Severo García Pesquera es jubilado y ex dirigente de la Construcción de UGT.

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Jubilados y vejez saludable

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