Diario de Navarra

Un bar de Santurce (Vizcaya) fue el escenario de un encuentro entre un empresario navarro y seis miembros de ETA. Se habían reunido para que el industrial, dedicado al sector del transporte, les transmitiera su decisión en torno a pagar o no el conocido como impuesto revolucionario. El empresario se negó y al día siguiente recibió una llamada en la que supo que, mientras volvía a su coche para regresar a Pamplona, los terroristas debatían si pegarle un tiro o dejarle marchar. Otro empresario navarro, consciente de que las amenazas podían materializarse por su negativa a sucumbir a la extorsión, nombró tutores legales para sus hijos y dejó por escrito qué hacer si llegaba el día en que ETA lo matara. Otro industrial guardaba las sucesivas cartas de extorsión para enseñárselas a sus hijos y que vieran que “no todo vale”. Otro directivo de una empresa fue despedido tras negarse a seguir las instrucciones de sus jefes, que lo instaron a sucumbir al chantaje. Otro confesó -como los anteriores, en las páginas de Relatos de plomo. Historia del terrorismo en Navarra- que se avergonzaba de haber pagado a ETA. La historia de la extorsión de ETA a la clase empresarial vasca y navarra está repleta de personas que nunca pondrán nombres propios a sus experiencias. La gran mayoría jamás figurará en un listado de víctimas del terrorismo, a pesar de que su existencia quedara hipotecada desde el día en que recibieron la temida carta con el anagrama del hacha y la serpiente. Sus nombres y, en muchos casos, sus hazañas, permanecerán en la cuneta del relato. No obstante, en estos tiempos de desempolvar el pasado, hay margen para estudiar el fenómeno de la extorsión: dar cifras sobre el coste que tuvo para todos los españoles -entre 20.000 y 25.000 millones de euros-, desentrañar los mecanismos del chantaje -desde los secuestros hasta las colectas, con el agravante de que en los pueblos pequeños resultaba particularmente sencillo llevar el registro de quiénes se negaban a colaborar- y bascular las consecuencias en la economía -la deslocalización de empresas, la huida de los empresarios, la pérdida de inversión o la caída del turismo-. El libro La bolsa y la vida. La extorsión y la violencia de ETA contra el mundo empresarial, coordinado por Josu Ugarte, trata de arrojar luz sobre muchas de estas cuestiones. Una de las conclusiones que esta obra permite extraer es que, para llenar sus arcas, ETA orquestó una maquinaria casi perfecta en la que su principal baza era la explotación del miedo. ETA cobró para matar, pero también mató para seguir cobrando, ya que con cada nuevo asesinato en su haber transmitía a los extorsionados que la amenaza de acabar con sus vidas era real. Entretanto, la organización terrorista planteaba a los empresarios un dilema endiablado en el que les daba a elegir si ceder a la amenaza y vivir con el peso de haber financiado las balas que mataban a otros; o no pagar y lidiar con el temor diario de ser asesinado en cualquier momento. La mencionada obra deja claro que no todos actuaron igual. Y, en el caso de la clase empresarial navarra, a diferencia de la vasca, quienes pagaron suponen un porcentaje mínimo. Podría decirse que fueron la excepción. No obstante, hay episodios relevantes en el capítulo de la extorsión ligados de forma directa a la Comunidad Foral. Uno de ellos fue el atraco a la Hermandad de Labradores de Tudela en 1967, uno de los primeros perpetrados por ETA, cuya recaudación sirvió para sufragar el arma con la que Txabi Echevarrieta disparó al guardia civil José Antonio Pardines en 1968, convirtiéndolo en la primera víctima mortal de la organización terrorista. Cinco años después, los terroristas secuestraron al empresario navarro Felipe Huarte Beaumont y, por primera vez, solicitaron un rescate a cambio de su liberación. Se estima que el pago ascendió a cincuenta millones de pesetas, cifra que actualizada superaría los cuatro millones y medio de euros. Otro empresario navarro, Adolfo Villoslada, fue víctima de un nuevo secuestro con fines económicos en 1989. Su cautiverio de 84 días concluyó tras el pago de un rescate cifrado en trescientos millones de pesetas, cantidad que actualizada rozaría los cuatro millones de euros. Dos años antes, y en plena campaña de atentados contra intereses franceses, ETA puso una bomba en la sede de una compañía de seguros gala en la calle Cortes de Navarra de Pamplona. La explosión acabó con la vida de María Cruz Yoldi, una repartidora de periódicos de 63 años que ansiaba jubilarse tras una durísima vida de trabajo. Su asesinato se convirtió en un dramático efecto colateral del chantaje etarra. El último hito en la historia de la extorsión de ETA también guarda conexión con Navarra. El 27 de abril de 2011 José Antonio Sarría, presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN), recibió una carta con matasellos de Hendaya en la que ETA anunciaba el fin del impuesto revolucionario. La noticia fue el punto y final al engranaje del miedo. Nunca sabremos cuántas personas respiraron, por fin, tranquilas aquel día. María Jiménez Ramos, periodista y doctoranda en la Universidad de Navarra

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Los extorsionados de ETA

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