Diario de Navarra

Tras más de 300 días de pura incógnita ya hay algunas certezas en la política española. Mariano Rajoy continuará al frente del Gobierno, eso sí, en franca minoría y con un Congreso que puede complicarle la existencia hasta el infinito si se lo propone. El peor de los escenarios es uno "a la navarra", es decir, como en la anterior Legislatura, con un Ejecutivo en minoría (el de Barcina entonces) zarandeado por la oposición desde el Parlamento, un día sí y otro también. Rajoy buscará evitar esta endiablada posición y cuenta con la baza del acuerdo programático con Ciudadanos, que le ofrece la suma de 170 votos y le acerca a la mayoría absoluta. Hasta aquí, el horizonte. ¿Y cómo repercute este nuevo paisaje en Navarra? Algunas cosas parecen evidentes. La primera, que la brecha fiscal existente entre Navarra y el régimen común se va a mantener. No está claro si Rajoy tendrá que retocar o subir impuestos, es posible, pero nada comparable a si fuera la izquierda (PSOE+Podemos) la que hubiera llegado al poder. Algunos despachos de asesores fiscales en Navarra reconocen que han estado aconsejando esperar a los contribuyentes, empresarios sobre todo, que se están planteando cambiar su residencia fiscal a Madrid. Esperar por si finalmente la brújula del Gobierno del Estado caía en la izquierda y en todo el país subían los impuestos. Porque la tentación del cambio viene dada por la grieta impositiva abierta entre Navarra, con el peor impuesto del Patrimonio de toda España para los empresarios familiares, y Madrid, una comunidad que ha eliminado en la práctica el pago del impuesto para atraerse contribuyentes. Tal cual suena. El Gobierno cuatripartito que dirige Uxue Barkos no ha querido reducir esta brecha a pesar de que algunos de los responsables de Geroa Bai, en privado, confiesan su gran incomodidad porque han contribuido a agrandarla con su subida fiscal. Otro tema pendiente es la negociación del Convenio Económico con el nuevo Gobierno del Estado. Navarra ha puesto sobre la mesa su pretensión de reducir la aportación al menos cien millones anuales sobre la cifra actual, que ronda los 600 millones, y se basa en un informe técnico de Hacienda que ahora hay que negociar con el Estado. La aportación sólo se desbloqueará si hay un acuerdo entre ambas partes, tal como señala el Convenio. Rajoy y Barkos ya han mantenido un primer contacto telefónico en el que han hablado de la cuestión. Con el nuevo reparto de funciones del Ejecutivo de Rajoy, puede ser ahora la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, la responsable política de pilotar la negociación. Rajoy ha demostrado capacidad y voluntad de acuerdo sobre los retos fiscales de Navarra en años pasados, pero falta por comprobar ahora la capacidad y la voluntad negociadora del cuatripartito foral en Madrid. No basta con envolverse en discursos grandilocuentes. Luego hay que razonar, convencer y concertar, que es lo de verdad importante para Navarra. Y, para terminar de complicar la ecuación, falta también por constatar el papel de Ciudadanos en este debate. El partido de Rivera ha sido siempre alérgico a todo lo que suene a foralidad, concepto que se empeña en asociar a privilegio, y ahora es clave en el equilibrio de fuerzas del Congreso. Una dificultad añadida, por tanto, para deshacer el entuerto del Convenio.

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Navarra desde el Gobierno de Rajoy

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