Diario de Navarra

Los funcionarios navarros están notando el “cambio” como el asno los varazos. Mientras sus homólogos del resto de España ya disponen en sus cuentas de ahorro de todo el dinero de la paga extraordinaria que se eliminó en 2012, ellos deberán esperar a 2018 para poder sentir la misma satisfacción porque así lo ha calendarizado el Gobierno de Uxue Barkos. Cuando se barrunta que de cara al próximo año el Estado podría aprobar una subida del 1% para las nóminas de sus empleados públicos idéntica a la que se aplicó en el presente ejercicio, los funcionarios de la Comunidad foral escuchan cómo María José Beaumont no les garantiza que vayan a gozar de dicho incremento ni aunque sí lo hagan los de las demás comunidades. Que no hay parné para todo. De ahí que la consejera del ramo plantee un dilema: o más sueldo para el trabajador público, o poder sufragar la OPE, la ayuda familiar el personal contratado, las vacaciones docentes y otras cuestiones. A lo que los sindicatos responden que no es dilema sino chantaje. El Ejecutivo y casi todos los partidos que lo sustentan le han cogido gusto a confrontar el gasto en funcionarios con otros a acometer, práctica que adquiere un tufo de táctica manipuladora orientada a la opinión pública cuando los segundos se citan como destinados a “políticas públicas” o “sociales”. Algo así como que, si se adelantase al año que viene la devolución de toda la extra que resta, quizás haya niños que se queden sin un colegio nuevo o familias sin comer al no podérseles conceder ayudas. El tópico del funcionario bebedor de café se queda en halago respecto al plan envenenado de insinuarle como reivindicador caprichoso y culpable de perjuicios a terceros. Gobernar es priorizar, sostienen ahora Geroa Bai, EH Bildu e Izquierda-Ezkerra, quienes desenvolviéndose como oposición clamaban que gobernar debía ser soltar euros para todos y todo. De pronto han descubierto la responsabilidad, pero la cuarta pata del cuatripartito no les está acompañando del todo en la dramatización. Podemos dice estar a favor de que la extra se abone cuanto antes y su voto será decisivo de cara a la aprobación o el rechazo de una proposición de ley de UPN para que los funcionarios cobren en los cinco primeros días del próximo enero el 50% que todavía se les debe de la paga. El pleno del Parlamento abordará el jueves la iniciativa. El Gobierno se agarra a su guión de un 25% en 2017 y el otro 25% en 2018, y su socio le está incomodando. La secretaria general de la formación morada, Laura Pérez, y la parlamentaria Tere Sáez se concentraron en diciembre de 2015 junto a funcionarios para protestar por la paga extraordinaria contra el Ejecutivo al que mantienen. Meses después, Podemos se desmarcaba del cuatripartito en una votación de nuevo con la extra de por medio. La rebeldía descrita tensiona a Barkos y la maquinaria del nuevo orden establecido carbura para convencerle a Podemos con dos argumentos capitales: que las cuentas se descuadrarán y que cómo se atreve siquiera a barajar la idea de favorecer una iniciativa del enemigo. A saber, UPN. A la espera de comprobar si la reculada con el concurso sobre el informe de la banca pública constituye una cesión para que retorne al redil, Podemos se debate entre demostrarse libre y coherente con su principio básico de apoyo al empleado público o una nueva sumisión al Gobierno. La disyuntiva ha abierto una grieta interna en el partido personalizada en Fátima Andreo, quien opina que pagar la extra no es una prioridad y ha abandonado la portavocía en la comisión legislativa de Hacienda tras acusarle de “deslealtad”, entre otros azotes, a Laura Pérez. Ésta aboga por que el Consejo Ciudadano del partido -la dirección- decida el sentido del voto y por buscar la liquidez que permita pagar a los funcionarios. Pero, más allá, se está poniendo a prueba la fortaleza de su liderazgo interno. Y gracias al actual y a capítulos previos, las voces discordantes empiezan a ser suficientes para formar un coro.

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Podemos: ¿libertad o sumisión?

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