El Consejo de Ministros aprobó este martes la nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven de 2024, que repartirá 200 millones de euros entre las comunidades autónomas para que los jóvenes entre 18 y 35 años puedan acceder a una cuantía de 250 euros mensuales durante dos años en concepto de ayuda para el alquiler.

Según explica la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), esta ayuda servirá para pagar el alquiler de la vivienda o la habitación en la que se resida habitualmente, siempre que no se tenga parentesco cercano con el casero. Además de la edad, es necesario cumplir otros dos requisitos:

- Ingresar, en conjunto con tu unidad de convivencia, no más de tres veces el IPREM (la unidad de convivencia la componen los que tengan su domicilio en la misma vivienda; si lo que se alquila es una habitación, solo cuentan las rentas del perceptor del bono).

- Pagar una renta que no supere los 600 euros mensuales para una vivienda y los 300 para una habitación, o las cantidades que haya fijado la comunidad autónoma (algunas han fijado límites superiores, de 900 y 450 euros respectivamente, para las grandes ciudades).

Esta nueva convocatoria se suma a la ya existente, y que lamenta la OCU, en la práctica está sufriendo graves problemas de gestión de los recursos trasferidos a las comunidades autónomas. El último informe del Defensor del Pueblo advierte de graves incumplimientos en el plazo máximo previsto (seis meses por lo general) para resolver las solicitudes de los bonos en Andalucía, Galicia, Madrid y Murcia.

Estos retrasos tienen graves consecuencias sobre los posibles beneficiarios, destaca la OCU. En Galicia, detalla la organización, transcurrido este plazo sin resolución expresa el interesado puede entender su solicitud desestimada por silencio administrativo. Por su parte, en Madrid, meses después de la publicación de los listados de los beneficiarios, estos siguen sin recibir el abono de la subvención.

En un comunicado, la OCU señala que “las ayudas no son suficientes para atender a todos los solicitantes y no contribuyen a abaratar el precio del alquiler. Consideramos urgente la aprobación de un plan de promoción de vivienda social en alquiler. Entre 2017 y 2022 en todo el país solo 8.613 viviendas obtuvieron la certificación definitiva como VPO en alquiler, una cifra ridícula en relación con las necesidades. El esfuerzo público debe centrarse en la promoción de esas viviendas y en el refuerzo de los servicios sociales, para que tengan los recursos imprescindibles para ocuparse de los hogares realmente vulnerables”.

Añade que “la mera repetición de ayudas en dinero a los inquilinos no contribuye a la solución del problema, además de no ser nunca suficiente para el número creciente de personas en dificultad de pago de su alquiler, porque la situación se agrava a medida que la falta de seguridad jurídica hace que la oferta se retraiga”.

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