A los 55 años la mayoría de los trabajadores españoles aún ve la jubilación como una estación lejana: quedan madrugones y más de una década, mínimo, de cotizaciones. En algunas grandes empresas, sin embargo, basta un ERE, una firma y un puente económico capaz de sostener hasta el 80% del salario mientras el calendario avanza hacia la pensión.

El caso más reciente es el del Banco Santander. Los sindicatos calculan que hasta 5.000 trabajadores -una cuarta parte de la plantilla- podrían reunir las condiciones para acogerse al plan, aunque no existe un cupo cerrado y la entidad deberá aceptar cada solicitud. Quienes tengan entre 55 y 57 años percibirán alrededor del 75% del salario; para los mayores de 58, el porcentaje se elevará al 76%. El acuerdo incluye además un elemento clave: el banco asumirá el convenio especial con la Seguridad Social hasta los 63 años y seis meses, lo que permitirá mantener las cotizaciones durante el periodo de inactividad y proteger la pensión futura.

Porque, aunque el lenguaje habitual hable de jubilarse a los 55 años, esos trabajadores no están técnicamente jubilados. La prejubilación no existe como figura jurídica en España, es el nombre que se da a acuerdos privados destinados a cubrir el periodo entre la extinción del contrato y el acceso efectivo a la pensión. "Muchas veces lo que se llama prejubilación es un acuerdo de rescisión de contrato entre la empresa y el trabajador, que puede ser de muy diferente cuantía y más o menos favorable", explica Miguel Ángel García, doctor en Economía e investigador asociado de Fedea.

Ahí aparece la brecha. Las grandes compañías pueden pagar rentas durante años, mantener cotizaciones e incluir seguros médicos o aportaciones a planes de pensiones. En una pequeña empresa, el colchón es mucho más fino: 20 días por año en determinados despidos objetivos o 33 días, con un máximo de 24 mensualidades, si el despido es improcedente. Y así nace la imagen colectiva de "prejubilación dorada". No porque todos sus beneficiarios se retiren ricos, sino porque permite dejar de trabajar más de una década antes sin caer de golpe al vacío.

ALIGERAR PLANTILLAS

El coste de estas salidas puede ser elevado, pero las empresas lo comparan con el de mantener durante años estructuras laborales diseñadas para otro modelo de negocio. La idea tampoco nació con los bancos. Durante la reconversión industrial de los años ochenta las salidas anticipadas se emplearon para reducir plantillas y amortiguar el impacto de los cierres sobre los trabajadores de mayor edad.

En Altos Hornos del Mediterráneo, en Sagunto, la reestructuración iniciada en 1985 contempló jubilaciones anticipadas para los mayores de 60 años. Cuatro décadas después, la válvula de escape empresarial continúa, ahora para surfear la ola digital. Las prejubilaciones permiten ejecutar esos ajustes de forma gradual y con menor conflictividad que una sucesión de despidos con una suerte de compra de paz social. Los casos recientes dibujan el mapa. Iberia autorizó hasta 996 salidas y aceptó inicialmente 844 solicitudes: 807 prejubilaciones y 37 bajas incentivadas. El acceso se fijó desde los 58 años para los tripulantes de cabina y desde los 61 para pilotos y personal de tierra, con hasta el 80% del salario regulador bruto. Vodafone pactó un máximo de 898 afectados. Se comunicaron 667 salidas voluntarias, 119 de ellas prejubilaciones desde los 57 años al 80% del salario regulador neto. Telefónica acordó en 2024 un ERE para 3.421 trabajadores, con condiciones distintas por generación: para los nacidos en 1968 fijaba el 68% del salario regulador hasta los 63 años y el 38% hasta los 65.

Ford Almussafes pactó salidas desde los 53 años, CaixaBank acordó en 2021 el 57% del salario fijo hasta los 63 y BBVA ofreció el 75% para empleados de entre 55 y 62. Las fórmulas cambian, pero todas colocan bajo los pies del trabajador una red que apenas existe fuera de las grandes corporaciones.

La pregunta es quién paga todos estos acuerdos. "Menos el Estado de lo que suele creerse", sostiene García. La 'cláusula Telefónica' obliga a determinadas empresas con beneficios a compensar al Tesoro por el coste de prestaciones y cotizaciones derivado de despidos de trabajadores mayores.

Desde 2013 el SEPE ha reclamado 1.117 millones de euros a 108 empresas por la salida de 32.197 trabajadores mayores de 50 años; se han ingresado 1.077 millones. Telefónica concentra 305 millones, seguida de CaixaBank, Bankia, Iberia e Ibercaja. Santander ha aportado 23 millones. Sin embargo, la devolución al Estado tampoco recoge todos los efectos económicos. Durante los años de inactividad se reducen los ingresos por cotizaciones e impuestos y la empresa renuncia a parte de la experiencia acumulada. "Tengo bastantes dudas de que contratar a personas con menos experiencia, aunque sea más barato, aumente realmente la productividad", señala García.

A CONTRACORRIENTE

Además, estas salidas nadan contra la corriente general. Las jubilaciones anticipadas representaban el 43,4% de las nuevas altas en 2017 y habían bajado al 31,3% en 2025. En paralelo, las jubilaciones demoradas se triplicaron, de 13.218 a 40.952. El sistema pisa el freno de la retirada temprana mientras algunas grandes compañías conservan una puerta lateral.

No existe un registro oficial de prejubilaciones: quedan dispersas entre ERE, bajas incentivadas, desempleo, convenios especiales y posteriores jubilaciones. Al otro lado están quienes pierden su empleo sin puente ni red y deben esperar, gastar sus ahorros o adelantar la pensión con recortes permanentes.

Ese es el contraste. Unos cruzan hacia la jubilación por una pasarela financiada por la empresa; otros llegan a la misma orilla sobre una cuerda floja. La ley es la misma para todos. La capacidad de pagar la espera, no.