La guerra en Irán ha vuelto a despertar al fantasma de la inflación justo cuando se había conseguido domar y se acercaba al entorno ideal del 2%, el nivel recomendado por los bancos centrales. El cierre de Ormuz ha provocado un encarecimiento sin precedentes del precio del petróleo, lo que a su vez ha generado un incremento inmediato del precio de los combustibles, de la factura de la luz… y desencadenado también, por efecto de segunda ronda, una subida de generalizada de la cesta de la compra motivada por el encarecimiento de los costes del transporte.

Este shock de precios tendrá también un impacto directo en el bolsillo de los más de 9,5 millones de pensionistas y, por ende, en las cuentas de la Seguridad Social, pues la revalorización de las pensiones está ligada a la inflación. Y no es un tema baladí, ya que el conflicto en Oriente Medio elevará las prestaciones públicas mucho más de lo previsto, con seguridad por encima del 3%, y tensionará los números de un sistema que lleva en déficit desde 2012.

El IPC ya ha comenzado su escalada al compás de la guerra. Así, se disparó del 2,3% al 3,4% de golpe y porrazo en el primer mes, aunque en abril se moderó mínimamente al 3,2%, según el dato adelantado del INE. En el mejor escenario posible, que sería si la guerra terminara rápido, la inflación se disparará al menos al 3% de media a cierre de año, según estima el Banco de España, que dibuja otros dos escenarios de inflación posible: un 3,9% en el escenario ‘adverso’ e incluso un 5,9% en el escenario denominado ‘severo’.

Pero no solo el Banco de España ha cambiado ya sus previsiones: el Ministerio de Economía también elevó el IPC medio del 2,1% al 3,1% y Funcas ha pasado de estimar una inflación del 2,5% al 3,3%, pudiendo alcanzar el 4% si el ataque se alarga. Significa esto que, en cualquier caso, los precios repuntarán unas nueve décimas más, como mínimo, respecto a las previsiones iniciales.

Así, las pensiones subirán, en cualquier caso (termine cuando termine el conflicto), más de un 3% desde enero, tres décimas más que este año, y experimentarán, por tanto, la mayor revalorización desde 2024, cuando se elevaron un 3,8%. Cuanto más se alargue la guerra, más se incrementarán las pensiones, porque desde 2022 las se elevan por ley de forma automática con la inflación media de los últimos doce meses, de diciembre a noviembre, sin necesidad ya de que el Gobierno de turno apruebe la nueva subida, con el objetivo de dar seguridad a los mayores y blindar su poder adquisitivo.

Esta revalorización de prácticamente un punto adicional a consecuencia de la guerra implicará una factura de las pensiones mayor de la presupuestada -pese a que no hay presupuestos para este año ni se les espera-, que supondrá un desembolso extra de casi 2.000 millones de euros, en función de cuando finalice el conflicto. Más concretamente, Funcas calcula que el sobrecoste para las arcas públicas será de al menos 1.800 millones si la inflación cierra el año en una media del 3,3%, nueve décimas más que la proyectada antes de la guerra (2,4%). Esto se debe a que por cada punto de inflación el gasto de la Seguridad Social sube en 2.000 millones, según explica a Colpisa María Jesús Fernández, economista sénior de Funcas, que señala que la partida en pensiones (contributivas y no contributivas) en 2027 superará en 24.000 millones a la de 2025.Si la ratio de gasto en pensiones era el 11% del PIB en 2019, en 2025 fue el 11,6% y en 2027 será el 11,8%.