El Gobierno activó este martes el real decreto que impondrá la factura electrónica obligatoria para empresas y autónomos. La medida busca rebajar los días medios de pago -en torno a los 80 días en España, muy por encima de los 60 días que establece la Ley de Morosidad y la media comunitaria- y que, a juicio del Ejecutivo, lastra el crecimiento y la competitividad del tejido productivo. Sobre el papel, la trazabilidad que permitirá cada fase de la nueva factura -emisión, aceptación y pago- corregirá un problema que afecta especialmente a pymes y autónomos: la falta de liquidez provocada por retrasos sistemáticos. “Apenas el 20% de las grandes empresas de nuestro país pagan a tiempo, según los datos de la Comisión Europea”, destacó el comunicado posterior al Consejo de Ministros.La implantación de esta medida será progresiva atendiendo al tamaño de las pymes: un año para aquellas con una facturación superior a 8 millones de euros, y dos años para el resto. Las empresas podrán gestionar sus facturas electrónicas a través de plataformas privadas -que deberán estar interconectadas entre sí- o a través de la solución pública y gratuita que está desarrollando la Agencia Tributaria. Este plazo comenzará a computarse, según avanzó el ministro Carlos Cuerpo, a partir de la publicación de la orden ministerial de Hacienda, prevista antes del 1 de julio de 2026.No hay que confundir la obligación de facturar electrónicamente para luchar contra la morosidad que impulsa este departamento a partir de la Ley Crea y Crece con Verifactu, el sistema de la Agencia Tributaria que forma parte de la ley Antifraude y que busca combatir la economía sumergida y garantizar la transparencia en la facturación y cuya entrada en vigor se pospuso en diciembre a 2027. Según los cálculos de Economía, hoy ya se intercambian 550 millones de facturas electrónicas con un ahorro estimado de 2.700 millones de euros al año. Siguiendo la situación de Italia, que implementó esta obligatoriedad en 2019, alcanzar los 2.000 millones de facturas supondría un ahorro de 8.000 millones de euros anuales.MÁS FINANCIACIÓNEl Consejo de Ministros también aprobó dos iniciativas para dotar de acceso a más financiación: un anteproyecto de ley de transposición de distintas normativas europeas sobre mercados de valores para su publicación en audiencia pública y otro para modernizar los instrumentos de apoyo a la internacionalización. El primero está orientado a mejorar la competitividad del mercado de capitales, facilitando el acceso de las empresas de menor tamaño a los mercados, mientras que el segundo amplía el ámbito de actuación y cobertura a proyectos de inversión tanto en el exterior como en España.