Impulsar la participación de los trabajadores en las decisiones empresariales para mejorar la democracia en la gobernanza corporativa. O, en la práctica, introducir a los sindicatos en los consejos de administración de las empresas. Este es el objetivo por el que Trabajo encargó hace un año a un grupo de expertos internacional analizar esta cuestión y cuyas conclusiones se presentaron este lunes en el Ministerio. 

Esta iniciativa no es nueva. Ya en 2022, en la anterior legislatura, Díaz puso sobre la mesa una reforma constitucional para que los empleados de una compañía participen en su consejo de administración, siguiendo el modelo alemán. En el trabajo que se ha dado a conocer este lunes, plantean una serie de medidas a adoptar para implicar a los trabajadores en la toma de las decisiones y también para introducirlos en el sistema de propiedad de estas compañías. 

El informe considera que el acceso a la voz de los empleados en el ámbito laboral es "muy tímido" y que no hay un desarrollo del mandato del acceso a la propiedad. En este sentido, los expertos se anticipan ante la posible falta de acuerdos que puedan darse entre los trabajadores y las empresas y establece que si en dos años no se alcanza un pacto, se dará a los trabajadores una representación u otra en función del tamaño de la empresa. Así, en las empresas o grupos de empresas de entre 50 y 1000 trabajadores, se les dará un tercio de los asientos del consejo y en las compañías de mayor tamaño, en cambio, los empleados tendrán la mitad de los asientos en este órgano de dirección. 

La propuesta también reserva a los convenios la capacidad de fijar cómo se eligen los "consejeros laborales" -los representantes de los trabajadores dentro del consejo de administración de una compañía-, si bien establece que tienen que ser designados por los trabajadores, por el comité de empresa o que sean los integrantes de este grupo los que adopten una decisión y que después se traslade al consejo de administración. 

LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL

Dar este paso supondría modificar la Ley de Sociedades de Capital para recoger los requisitos que deberían reunir los trabajadores que se incorporasen a los consejos de administración. Estos asesores proponen que sean personas con un contrato indefinido y una antigüedad en la empresa de al menos seis meses. Además, establece que una vez sean nombrados "consejeros laborales" solo puedan ser cesados por acuerdo del comité de empresa. "Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción", explicó Díaz.

Los académicos también ponen el foco en los convenios colectivos como la plaza para decidir cómo dar acceso a los trabajadores al capital de la empresa y el porcentaje de propiedad que podrán tener. No obstante, tal y como sucedía con la representación, fijan que en ausencia de acuerdo, en las empresas que tengan entre 25 y 1.000 trabajadores se tiene que poner en marcha un plan para garantizar que los empleados tengan el 2% del capital social y, en las que superen esta cifra, que posean el 10%.