Varapalo del Consejo Económico y Social (CES) al anteproyecto de ley del Estatuto del Becario impulsado por Yolanda Díaz. A las puertas de que la iniciativa reciba luz verde por parte del Consejo de Ministros en segunda ronda y antes de enfrentarse al examen parlamentario en el Congreso, el organismo lanza una advertencia clara sobre las "carencias e insuficiencias" del proyecto en el aspecto económico y el riesgo de cargar el peso de la reforma sobre las pymes sin una red de apoyo suficiente. El CES avala de forma genérica que el Gobierno intente ordenar las prácticas no laborales mediante una norma con rango de ley y no entra a valorar el fondo del contenido pactado entre Trabajo y los sindicatos, pero sí deja constancia de la falta de consenso entre las organizaciones representadas, en particular sobre el objeto de la ley, su ámbito de aplicación y el régimen sancionador. Esa ambigüedad explica que el dictamen haya salido adelante por una amplísima mayoría en un órgano donde hay más peso de las patronales, pese a que CEOE y Cepyme rechazan frontalmente el Estatuto del Becario.

IMPACTO ECONÓMICO

Donde sí es contundente es en el análisis económico de la propuesta. El CES reprocha al Ejecutivo que no haya aportado "estimaciones sólidas" sobre cuestiones básicas para evaluar la viabilidad de la norma. En concreto, echa en falta datos sobre cuántas personas realizarán prácticas no laborales y cuántas empresas serán necesarias para absorberlas, teniendo en cuenta los límites y requisitos del propio proyecto. El dictamen también pone el foco en el impacto real sobre las empresas. El CES advierte de los costes y cargas que, subraya, "en las pymes no siempre pueden absorberse con facilidad", sobre todo en sectores de bajo margen o en territorios con menor densidad empresarial. Por ello, reclama que la ley incorpore de forma clara ayudas y compensaciones suficientes, estables y de acceso ágil para las empresas, evitando que queden condicionadas a una excesiva burocracia. incluso va más allá y sugiere que se incluyan en el propio texto legal las líneas maestras de esos apoyos, para evitar que queden en el aire a la espera de un desarrollo posterior. El CES alerta de que, sin estas garantías, puede producirse un "retraimiento de las pequeñas empresas a participar en el sistema de prácticas".

El dictamen también critica que la norma no reconoce la singularidad de la formación práctica no laboral dirigida a personas con discapacidad y considera necesario que el marco normativo contemple de manera expresa estas necesidades, con previsiones claras que eviten interpretaciones que puedan "resultar perjudiciales para la integración tanto en el sistema de prácticas como posteriormente en el entorno laboral".

El proyecto fue pactado por los sindicatos y el Ministerio de en junio de 2023 pero se topó con el rechazo de patronales, rectores universitarios y no fue hasta el 4 de noviembre de 2025 cuando llegó al cónclave ministerial. No obstante, la endiablada aritmética parlamentaria complican que el Estatuto del Becario pueda prosperar en la Cámara baja.