El nuevo año comenzará, por sexto año consecutivo, con el salario mínimo congelado en 1.184 euros al mes. El Gobierno ha cambiado de nuevo de planes y, aunque en un principio sopesó dar un golpe de efecto y empezar ya 2026 con una nueva subida del SMI ante el delicado momento político que atraviesa, ha decidido retrasar la aprobación de la nueva cuantía, que finalmente quedará exenta de tributación, a finales de enero o, como tarde, mediados de febrero, tal y como confirmaron a Colpisa fuentes del Ministerio de Trabajo. 

El motivo de este retraso es que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ve opciones, aunque sean remotas, de alcanzar un acuerdo con la patronal, por lo que quiere luchar hasta el final para intentar lograr un pacto que se le resiste en los últimos años.

La CEOE manifestó en la primera reunión de la mesa de negociación del salario mínimo celebrada el pasado martes la posibilidad de variar su postura y aceptar un alza que no sea del 1,5% siempre y cuando se garantice no modificar la posibilidad de compensación y absorción por otros complementos salariales, como pretende hacer el Ejecutivo y demandan los sindicatos.

Es cierto que un pacto con la patronal (en el actual escenario en el que las relaciones entre su presidente, Antonio Garamendi, y la ministra de Trabajo están más tensas que nunca) es ahora más que improbable, pero Díaz quiere explorar esta posibilidad para que no se diga que no practica el diálogo social.

El Gobierno, además, tiende la mano a los empresarios a cerrar filas, dentro del propio Ejecutivo, para que el salario mínimo quede exento de tributación también el próximo año, lo que implica que la subida será menor y estará en línea con el IPC, según pudo saber Colpisa por fuentes de Moncloa.

Sin embargo, para que los tres ministerios competentes en esta materia se hayan puesto de acuerdo, ha tenido que dar el propio presidente, Pedro Sánchez, un golpe encima de la mesa pidiendo unidad. Por ello, el mismo martes se celebró una reunión a tres bandas para templar posturas después de que el Ministerio de Economía y el de Hacienda hicieran públicas sus "discrepancias" con la forma de calcular el salario mínimo por parte del comité de expertos de Trabajo, al utilizar una estadística que consideran "desactualizada" y, por tanto, "no válida".

Así, en esta reunión de los departamentos de Yolanda Díaz, María Jesús Montero y Carlos Cuerpo se aceptó la propuesta de Trabajo de que, un año más, a los trabajadores que cobran el salario mínimo no se les practique retención alguna en el IRPF, por lo que Hacienda actualizará las tablas para adaptarlas al nuevo SMI. Sin embargo, esto implica que, tal y como defendió Cuerpo públicamente, el Gobierno se decante por la franja baja de subida para 2026 planteada por el comité de expertos: el 3,1%, en lugar del 4,7% que recomiendan si tuviera que tributar; es decir, 37 euros más, en lugar de 56 .

Se trata de una especie de guiño a los empresarios, puesto que son los que tienen que asumir el nuevo incremento, independientemente de que declare IRPF o no. Es más, incluso Díaz estaría dispuesta a aceptar un incremento unas décimas por debajo del 3,1% si la patronal se suma al acuerdo, siempre y cuando no se traspase la línea roja: que nunca sea inferior a la inflación, que parece cerrará el año en el 2,7%, una cuantía que también los sindicatos se abren a aceptar. Así, la previsible subida, con efecto retroactivo, se situará en el entorno del 3%.