La Comisión Europea abrió este jueves un procedimiento de infracción contra España por considerar que las leyes utilizadas para evaluar y condicionar la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell infringen varias normas comunitarias, entre otras, las que garantizan la libertad de establecimiento y de circulación de capitales.

Por un lado, Bruselas ve problemático el modo en que el Gobierno ha aplicado la Ley de Defensa de la Competencia para imponer condiciones adicionales a la operación porque considera que, en este caso, no cabía elevar al Consejo de Ministros la decisión de la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC), que había autorizado la opa con condiciones, según explicaron fuentes comunitarias.

Por otro, considera que la ley española de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, de 2014, y el real decreto que la desarrolla, de 2015, otorgan al Ministerio de Economía poderes discrecionales y no limitados para decidir sobre operaciones bancarias, lo que contraviene la legislación comunitaria al socavar la competencia exclusiva del Banco Central Europeo (BCE) en operaciones como la propuesta por el BBVA.

El Ejecutivo comunitario ha concluido, por tanto, que España está infringiendo las disposiciones de los Tratados de la UE que garantizan la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales, así como el reglamento sobre supervisión bancaria única; y la directiva y reglamento de requisitos de capital.