El posible desmantelamiento de Muface no solo afectaría a la sanidad pública en términos de una mayor saturación del sistema. También tendría impacto en el bolsillo de los funcionarios que opten por contratar un seguro privado para su cobertura sanitaria, en un momento en el que todo el sector intenta gestionar la subida de costes sufrida en los últimos años -derivada de la inflación y de un mayor uso de estos servicios- con un incremento de las primas en las renovaciones que, para 2025, se prevé más contundente que en ejercicios anteriores. Fuentes de uno de los líderes del sector reconocen que la subida en la renovación ronda el 10% para un seguro medio.

La cifra coincide con el alza detectada por el comparador Rastreator, que apunta a que el precio medio de un seguro de salud completo ha aumentado un 9,5% este año respecto a 2023. En concreto, ha pasado de costar 62 euros en octubre del pasado año a 68 euros en el mismo mes de este. Es decir, si un funcionario saliese del paraguas de Muface y optase por contratar un seguro médico privado, tendría que asumir un coste de unos 816 euros al año.

A esto se suma el problema del envejecimiento de la plantilla, con medio millón de empleados públicos con más de 60 años, según datos de la Encuesta de Población Activa. “A partir de los 60 o 65, el número de compañías que ofrece cobertura disminuye; hay menos oferta y, por tanto, un incremento en la prima”, advierte Carmen Reverte, responsable de seguros de salud en Rastreator.