Tras la resolución que cargaba contra el despido en España, el coste de las horas extras será la siguiente batalla que se jugará en el seno de la UE. El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por UGT para elevar el coste del tiempo que realizan los trabajadores por encima de su jornada laboral, según ha podido confirmar la agencia Colpisa en primicia. El sindicato se muestra “optimista” con que la resolución será, de nuevo, favorable, ya que el propio comité recriminó a España por esto en unas conclusiones y ha resuelto a favor de elevar el coste del despido improcedente.

Fue el pasado 14 de mayo cuando el tribunal encargado de supervisar si los países cumplen con la Carta Social Europea se reunió y declaró “admisible” esta denuncia, notificándolo por carta a UGT. Significa esto que, al igual que ha hecho con el despido, la corte de Estrasburgo estudiará si el hecho de que en España las horas extras se paguen al mismo precio que las ordinarias (e incluso no se abonen y se recompensen con tiempo de descanso) es contrario a este tratado que España ha suscrito.

El sindicato liderado por Pepe Álvarez presentó en enero pasado esta demanda, al considerar que “el reino de España está incumpliendo la Carta Social Europea, que obliga a los Estados miembros a tener un sobrecoste de las horas extras de, al menos, el 25%”. Por ello reclamaba que la legislación española recoja esta exigencia legal de pagar un recargo del 25% por esas horas que se trabajan de más y que para la mitad de los trabajadores ni siquiera se sufragan o se hace en negro, según su denuncia.

UGT considera que España está violando el artículo 4, que establece que “todos los trabajadores tienen derecho a una remuneración justa” y, para garantizarlo, “las Partes (es decir, los países) se comprometen a reconocer el derecho de los trabajadores a una mayor remuneración por las horas extraordinarias, salvo excepciones en casos particulares”.

Estrasburgo, al admitir a trámite esa reclamación, al menos ve indicios de que no pagar más por las horas extras en España pudiera ser contrario al tratado europeo. Y dado que España lo ratificó en mayo de 2021, estaría “vinculada por estas disposiciones”, según la corte.

ALEGACIONES DEL GOBIERNO

Ahora el Gobierno y la patronal tienen de plazo hasta el próximo 19 de julio para presentar alegaciones sobre tan delicado asunto laboral. Después, el sindicato reclamante podrá enviar una respuesta a las mismas.

En todo caso, la denuncia debe resolverse antes de dos años y quedaría luego en manos del Ejecutivo español adecuar la legislación para cumplir o no hacerlo. Se trata del mismo procedimiento que ha seguido la denuncia contra el coste del despido español presentada también por UGT en marzo de 2022 y cuya resolución -presumiblemente favorable- se conocerá de forma oficial a finales de julio.

Precisamente UGT llevará esta primera victoria a la reunión del diálogo social que mantendrán hoy con el Gobierno y la patronal sobre la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, un compromiso del Ejecutivo pero cuya negociación está estancada. El sindicato quiere que el sobrecoste de las horas extras se discuta también en esa misma mesa -que también pretende poner en marcha un registro de jornada más estricto y fiable-, con el objetivo de alcanzar un acuerdo y retirar así la demanda ante Estrasburgo. El motivo es que UGT da por hecho que, de lo contrario, España volverá a ser condenada.