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Jubilación

Escrivá plantea subir a 35 años el periodo para calcular la pensión inicial

El ministro avanza que creará un tasa para penalizar a las empresas que den de baja los contratos en fin de semana o vacaciones

Escrivá, presidente de la AIReF, será el nuevo ministro de Seguridad Social
José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social.
EFE
  • Lucía Palacios. COLPISA. Madrid
Actualizada 15/12/2020 a las 07:54

La futura reforma de las pensiones que se está discutiendo ya en la mesa del diálogo social abre otra grieta en el Gobierno de coalición. La propuesta del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, de ampliar a 35 años el periodo de tiempo para calcular la cuantía de la pensión inicial de los nuevos jubilados no ha gustado a Unidas Podemos.

El expresidente de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsablidad Fiscal) ha elaborado un borrador que ya circula por La Moncloa con el objetivo de ir alargando gradualmente hasta los 35 años el periodo de cómputo, una medida que está en la línea con el acuerdo alcanzado recientemente por el Pacto de Toledo, que recoge en el texto su apuesta por "conceder una mayor relevancia a la carrera de cotización del trabajador en la determinación de la cuantía de su pensión".

Sin embargo, la comisión abre también la puerta a que en determinados casos se puedan elegir los mejores años, otra opción que también barajó en su momento el anterior Gobierno del PP: ampliar a toda la vida laboral el cálculo de la pensión pero desechando los peores años. De ser así, supondrá en un futuro pensiones menos generosas que las actuales, ya que ampliar el número de años de cotización para el cálculo de la base reguladora provoca generalmente una reducción de la pensión media, puesto que normalmente los primeros años de trabajo son los que tienen peores salarios, mientras que el final de la vida laboral suele coincidir con unos mayores ingresos.


Esta es una de las medidas a las que se recurrió también en la anterior reforma de 2011, que estableció una ampliación progresiva del periodo de cálculo de los 15 años que había entonces a los 25 a los que se llegará en 2022. Unidos Podemos salió este mismo lunes al paso para mostrar su oposición a esta medida. "No está en el acuerdo de coalición y no es un paso en la buena dirección", denunció este lunes la portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra, quien defendió que "es vital garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas" y se mostró partidaria de "dar más pasos para fortalecer el sistema público de pensiones", algo que es lo contrario de lo que plantea un aumento del periodo de cálculo de la prestación hasta los 35 años, según explicó.


Quien no quiso entrar en esta polémica fue el propio Escrivá, quien evitó confirmar o desmentir estas informaciones, aunque siempre se ha mostrado a favor de ampliar el periodo de cálculo incluso a toda la vida laboral durante su etapa al frente de la AIReF. "Estamos discutiendo algunos de estos detalles con los agentes sociales, hemos tenido varias reuniones pero es importante la discreción", apuntó durante un desayuno de Nueva Economía Fórum, para a continuación asegurar que "el diálogo social aquí va a funcionar".


Más preciso se mostró sobre lo que pretende cambiar de la reforma laboral. Así, una de las medidas que el Ejecutivo pondrá en marcha para reducir la elevada temporalidad es penalizar a las empresas que den de baja los contratos durante el fin de semana o los periodos de vacaciones con el objetivo de evitar pagar las cotizaciones sociales. Así lo avanzó este lunes el ministro: "Cuando uno mira el grado de rotación de contratos de lunes a viernes para no pagar las cotizaciones del sábado y del domingo, es una práctica intolerable, que no debe aceptarse y no ocurre en los países del entorno. Claramente vamos a penalizarlo", explicó.


La idea en la que ya está trabajando su Ministerio es establecer una tasa que se cobraría al dar de baja un contrato, ya que el sistema actual es "tan ágil" al permitir dar de alta y baja contratos de manera on line, que está acelerando estos "usos no aceptables" que llevan asociados una pérdida de protección de los trabajadores al no pagarse las cuotas a la Seguridad Social de los fines de semana y periodo vacacional, según precisó Escrivá, quien, no obstante, admitió que aún están estudiando "cómo hacerlo para que sea eficaz". La opción que barajan -según detallaron desde el Ministerio- es imponer "una pequeña tasa" por cada baja que se dé en un contrato, pero no para las empresas que lo hagan de vez en cuando, sino para quienes lo utilicen frecuentemente "por razones espurias".


Se tratará así de una nueva penalización al abuso de los contratos temporales, puesto que cabe recordar que el anterior Gobierno de Pedro Sánchez ya endureció a finales de 2018 el recargo de los contratos de muy corta duración (de cinco días o menos) del 36% al 40%, una medida que aún así parece que no ha conseguido frenar las elevadas bajas que se dan los viernes para no pagar las cotizaciones de los fines de semana.


Ayudas a la movilidad laboral Ésta es solo una de las actuaciones que Escrivá quiere acometer de cara a los cambios en la reforma laboral que Bruselas le está exigiendo y que se incluyen en el plan de recuperación y de resiliencia. A juicio del expresidente de la AIReF, se incide demasiado en los cambios normativos, cuando a él le gustaría más centrarse en mejorar aspectos que nada tienen que ver con el debate actual sobre recuperar la ultraactividad de los convenios, devolver la prevalencia al convenio del sector o limitar la subcontratación.


El ministro quiere reducir la alta tasa de paro estructural del 14% que arrastra España con "dos hitos". El primero sería diseñar un nuevo modelo de ERTE ya que tan bien está funcionando el actual sistema desplegado en esta crisis. "Es fundamental engarzarlo en la negociación colectiva y también añadir elementos de formación y capacitación de los trabajadores en el diseño de los ERTE", apuntó.


La otra pata que considera urgente abordar -y que ya se está haciendo en la mesa de diálogo social- es mejorar las políticas activas de empleo, ya que las actuales "son muy mejorables", un punto en el que coincidió también el gobernador del Banco de España. "A veces se incide mucho en lo que es la parte normativa laboral y creo que estos son dos elementos centrales", reiteró Escrivá.


A su vez, el ministro se mostró partidario de reforzar los mecanismos de movilidad laboral entre todas las comunidades autónomas y para ello dejó caer que una opción podría ser dar ayudas a familias para la conciliación para que puedan trasladarse a zonas donde haya más oportunidades. "Tenemos que propiciar mucho más la movilidad entre las CC AA", aseguró.


Por su parte, el gobernador del Banco de España pidió "ser valientes" para aplicar las distintas medidas que se han ido proponiendo para combatir la dualidad del mercado de trabajo.


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