Los sindicatos españoles USO y Sitcpla, convocantes de una huelga de tripulantes de cabina (TCP) de Ryanair para los días 25 y 26 de julio, han denunciado en los juzgados de instrucción de Madrid a la aerolínea por presuntas coacciones, al pasar un cuestionario a sus trabajadores para saber si secundarían los paros.

En el escrito de denuncia los sindicatos señalan como responsables penales y civiles de los hechos a Ryanair, así como al consejero delegado de la compañía, Michael O'Leary, y al responsable de personal, Eddie Wilson, así como a "todas las personas que en fase de instrucción aparezcan como coautores, cómplices o encubridores".

El hecho principal que ha motivado la denuncia, explican los sindicatos, es un correo electrónico remitido por Ryanair tras el fracaso de la reunión mantenida este lunes para establecer los servicios mínimos. Esta comunicación contenía una encuesta en la que la aerolínea preguntaba a sus tripulantes de cabina con turnos los días 25 y 26 de julio si tenían pensado secundar la huelga.

Además, contenía una tercera opción en la que se preguntaba a los TCP que no tenían turno programado esos días si estaban dispuestos a suplir a sus compañeros para "minimizar" los efectos de los paros.

En el correo se incluía además, según recoge la denuncia, un plazo para responder, que finalizaba este miércoles a las 18.00 horas, y una advertencia de que volverían a ser contactados si no respondían antes de ese plazo.

Al no ser respondidos los mensajes, después de que los sindicatos así lo aconsejaran, la empresa contactó a partir de las 19.00 horas de este martes con los responsables de las 13 bases españolas, instándoles a que fueran ellos los que preguntaran uno a uno quién secundaría la huelga, requiriéndoles un listado antes de las 12.00 horas de este miércoles.

Todo esto, explican los sindicatos, después de que en el acta firmada tras la reunión del comité de huelga de este lunes para establecer los servicios mínimos se incluyera literalmente un extracto a este respecto.

"Se informa a la empresa que de realizarse llamadas telefónicas, interrogatorios o formularios para preguntar a los trabajadores sobre su intención de secundar o no la convocatoria de huelga, se considerará como una coacción y una intromisión ilegítima en el derecho de huelga, lo que conllevará el ejercicio de acciones ante la jurisdicción correspondiente", contenía el acta.