Entre los derechos fundamentales y libertades públicas garantizados por nuestro ordenamiento jurídico, la libertad religiosa es, posiblemente, una de las peor comprendidas en el contexto actual de sociedades secularizadas. Habitualmente, se subordina a la libertad ideológica, de pensamiento y de conciencia, reduciéndose a su dimensión individual y privada. Sin embargo, el núcleo de este derecho, intrínsecamente vinculado con la dignidad humana, se refiere también a su ejercicio colectivo y público, como evidencia nuestra Constitución, que en su artículo 16 garantiza la libertad «religiosa y de culto de los individuos y las comunidades». Además, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, al reconocer la libertad religiosa en su artículo 10, especifica que incluye la manifestación de la propia religión «individual o colectivamente, en público o en privado, a través del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos».

Es de esperar, por tanto, que la UE actúe cuando detecta un auge de la intolerancia religiosa. La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) lleva advirtiendo varios años de los niveles crecientes de discriminación a los que en Europa se ven sometidos, principalmente, musulmanes y judíos, aunque subraya, asimismo, que este deterioro afecta cada vez más a los cristianos. A mediados de 2023, la USCIRF publicó un informe centrado específicamente en la UE donde ponía el foco en la contradicción que supone que esta promueva activamente la libertad religiosa en el exterior, mientras algunos de sus Estados miembros aplican leyes y políticas indebidamente restrictivas que tienen como efecto el fomento de la discriminación a nivel social, especialmente respecto de minorías religiosas. Como resultado, estas últimas encuentran dificultades graves y desproporcionadas para vivir de acuerdo con sus creencias y se ven expuestas a ataques violentos tanto hacia sus personas como contra sus lugares de culto, lo que les lleva a replantearse su continuidad en el país de residencia.

No obstante, la erosión más notable se ha producido a raíz de los atentados terroristas de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023 y la posterior respuesta militar en Gaza. La Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE (FRA), que incluye entre sus funciones el seguimiento de las tendencias en este ámbito, ha alertado en su último informe anual de un incremento alarmante de los delitos de odio contra judíos y musulmanes, concretados en amenazas y actos violentos en distintos grados, tanto en línea como fuera de internet. Igualmente, recordaba que las declaraciones de condena institucionales deben ir acompañadas de medidas efectivas centradas en la prevención, el combate del odio y de la violencia y el fomento de la inclusión de las comunidades cuyo sentimiento de pertenencia a Europa se puede ver profundamente afectado. Esto mismo alerta el último estudio sobre sentimiento europeo del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR), que constata una deriva en el discurso público hacia una concepción étnica de la europeidad en detrimento de su vertiente cívica sustentada en los valores de la UE.

Así, en diciembre de 2023, la Comisión Europea y el Alto Representante, Josep Borrell, adoptaron una comunicación conjunta a modo de llamamiento a la acción contra todas las formas de odio, con especial atención a las comunidades judía y musulmana. De la misma derivaron distintas medidas concretas en ámbitos como la educación, la cultura o el deporte, así como el aumento de la financiación para proteger los lugares de culto. También se reforzó el papel de los coordinadores de lucha contra el antisemitismo y contra el odio antimusulmán con los que la UE cuenta desde 2015 y se planteó la celebración de una conferencia de alto nivel contra el odio. Esta última tuvo lugar el pasado mes de junio y sus debates se enriquecieron con las recomendaciones formuladas por el Panel europeo de ciudadanos sobre la lucha contra el odio en la sociedad, que se reunió durante tres fines de semana entre abril y mayo con la participación de 150 personas de los 27 Estados miembros seleccionadas aleatoriamente. Entre las propuestas prioritarias sobresale la tipificación de la incitación al odio como eurodelito, además de una serie de iniciativas referentes a la responsabilidad de los medios de comunicación, de la política y de las plataformas en línea, en consonancia con las obligaciones establecidas en la Ley de Servicios Digitales.

En definitiva, la coyuntura adversa descrita impone que, en el nuevo ciclo institucional, la Unión continúe asegurando la protección de la libertad religiosa y actualice sus estrategias en la materia. Esto debe llevarse a cabo siempre en estrecho diálogo con las iglesias y asociaciones o comunidades religiosas, como le mandata el artículo 17 del Tratado de Funcionamiento (TFUE), que obliga a reconocer su identidad y su aportación específica, lo que da cuenta del lugar que se les presupone y reserva en el espacio público como interlocutores y representantes del pluralismo característico de una sociedad democrática.

Jon Antomás es socio de Equipo Europa