La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo adoptó el pasado 11 de enero su posición favorable una propuesta legislativa que creará la Tarjeta Europea de Discapacidad y mejorará la actual Tarjeta Europea de Estacionamiento, lo que supone un avance muy importante en la movilidad europea para esta parte de la población.

Esto facilitará la libertad de movimiento de las personas con discapacidad, permitiendo su identificación en todos los países comunitarios para poder acceder a las condiciones especiales, como el propio aparcamiento.

Pero las políticas europeas de discapacidad no pueden quedar ahí. El informe del Tribunal de Cuentas Europeo Apoyo a las personas con discapacidad: el impacto práctico de la acción de la UE es limitado señala que, aunque en torno al 25% de la población declara que vive con una discapacidad, la Comisión Europea no ha logrado implementar políticas que mejores su vida desde la puesta en marcha de la Estrategia sobre los derechos de las personas con discapacidad 2021-2030.

El desafío es grande. El propio informe señala que solo el 50,8 % de las personas con discapacidad tienen un empleo, frente al 75 % de las que no tienen discapacidad, una brecha de 23,1% frente al 22,7% de 2014, cuando se empezó a medir. Además, el riesgo de pobreza para el colectivo es de un 29,7% frente al 18,8% de quienes no tienen ninguna discapacidad. Este dato, aunque sí mejora (30,4% y 21,1% respectivamente en 2015) no lo hace al ritmo esperado, explica el propio informe.

Los problemas detectados a la hora de establecer las políticas van desde los diferentes criterios para definir y evaluar la discapacidad hasta el reconocimiento entre estados de la discapacidad concedida en otro, complicando así los desplazamientos por motivos laborales, formativos o de cualquier otro tipo. Además, las diferencias de las políticas aplicadas en cada Estado, unidas a unas políticas europeas que aún no se han desarrollado, limitan la capacidad de mejora de la situación.

En esta materia, España tiene mucho que decir. Grupo Social ONCE se ha consolidado como el mejor modelo del mundo para la inclusión de las personas con discapacidad y su liderazgo en la dirección del AccessibleEU se debería traducir en una mejora sustantiva de las políticas europeas en materia de discapacidad.

Iniciativas como Odismet para la recolección de datos, Inserta para la prestación de servicios de intermediación laboral, captación y desarrollo de talento con discapacidad o SoledadES para el estudio del fenómeno de la soledad no deseada, además de la asistencia a las personas ciegas por parte de ONCE o las actividades empresariales con perspectiva social de ILUNION, deben marcar el paso al resto de estados miembros y a las propias instituciones europeas en la creación de un modelo plenamente inclusivo.

El riesgo de no realizar las políticas necesarias es muy elevado. A pocos meses de las elecciones al Parlamento Europeo y con la expectativa de un crecimiento del euroescepticismo, la necesidad de que la mayoría de la población perciba que la pertenencia a la Unión Europea le otorga una serie de ventajas se convierte en un factor clave para garantizar la estabilidad y la continuidad del proyecto europeo.

Por ello es de suma importancia que durante la campaña y en la próxima legislatura se planteen las medidas necesarias para reemprender la senda de la inclusión, reforzando la Europa social. Estas medidas no solo pasan por accesibilidad, educación y empleo, también por el ocio, la socialización y otras materias que trascienden a la ley, en las que es necesaria la participación de toda la ciudadanía. Si no logramos esta total inclusión, el riesgo de la ruptura del proyecto europeo cada vez será mayor.

Alejandro Pescador es portavoz de Equipo Europa en Cantabria