España ultima los detalles que ponen fin a seis intensos meses de presidencia rotatoria en el Consejo de la Unión Europea en la que ha debido sortear, de modo exitoso, los variados e inesperados desafíos que se han ido presentando durante el semestre. Una presidencia que, pese a las sombras, ha recibido palabras de gratitud y reconocimiento por parte de los presidentes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, Ursula von der Leyen y Charles Michel, en referencia a la dedicación y compromiso del equipo humano de la Administración española encargada de sacar adelante cerca de 43 expedientes.

Ha de aclararse, ante todo, que una de las singularidades que distinguen el Consejo de la UE (colegislador conjuntamente con el Parlamento Europeo del resto de instituciones (art. 13 TUE) reside, precisamente, en que su Presidencia será desempeñada por los Estados miembros mediante un sistema de rotación de seis meses en sus 10 formaciones, con la inexcusable excepción del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores, cuyo presidente es permanente y coincide con el Jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Para alcanzar una armonía y mejor organización en el rumbo de las prioridades, los Estados miembros trabajan en grupos de tres (que en el caso de España comparte agenda con Bélgica y Hungría, cuyos Estados van a encabezar las siguientes presidencias del Consejo).

La actividad durante la presidencia se ha visto caracterizada por una laboriosa y eficaz gestión, pero ensombrecida por imprevistos, con motivo del estallido de un nuevo episodio en el conflicto entre Israel y Hamás en Gaza, las inesperadas elecciones del 23-J y la controvertida ley de amnistía, que ha puesto la política española en el ojo de huracán debido al debate partidista.

Más allá, sin embargo, de los desafíos coyunturales, entre los logros alcanzados bajo presidencia española, destaca la primera regulación en materia de Inteligencia Artificial a nivel mundial, se llevó a cabo la cumbre UE-Latinoamérica, se ha conseguido un posicionamiento conjunto sobre el mercado eléctrico y, en la recta final, se ha concluido el Pacto de Migración y Asilo prometido en la legislatura 2019/2024 y la reforma de las reglas fiscales en la UE, antes de las próximas elecciones al Parlamento Europeo en junio 2024. Esta última es, además, la única institución directamente electiva del mundo con capacidad de representación de al menos 450 millones de ciudadanos y ciudadanas.

La ampliación de la UE, otro de los elementos exitosos acometidos en la presidencia española, también debatida en Granada, digiere un acuerdo a 26, con rémoras refractarias y constantes que dificultan el avance en las negociaciones que prepararán a Ucrania para su adaptación a las exigencias establecidas por el derecho de la UE en su eventual entrada a la casa común europea. Las razones geoestratégicas vecinas indican que para ésta (y futuras) adhesiones, la UE requiere, por su parte, la reforma de los tratados a fin de salvar las deficiencias de las que adolece actualmente y dotar a la UE de un sistema fuerte, eficaz y eficiente, con mejor financiación y capaz de tomar decisiones sin la unanimidad como divisa de bloqueo.

Nada impide que la adhesión de Ucrania a la UE pueda plantear problemas desde un punto de vista jurídico, sin las ya conocidas, razones geoestratégicas. Si recordamos, Chipre es Estado miembro desde el 1 de mayo de 2004. Se trata de una isla dividida desde 1974 en dos territorios: la República de Chipre y la República Turca del Norte de Chipre (RTNC), reconocida únicamente por Turquía y, mutatis mutandis, fue el propio TJUE, el que en el asunto Anastasiu en 1994, declaró que la República de Chipre era el único Estado chipriota reconocido por la Comunidad Europea (CE) y los Estados miembros. La República de Chipre, desde su incorporación, siempre ha sido considerado “Estado Europeo”, y así lo entendió la Comisión Europea, que omitió el problema de la dimensión geográfica y aprobó la entrada de Chipre (al menos, la República de Chipre) en la UE, con la salvedad de limitar exclusivamente al territorio regido por el gobierno chipriota.

De modo que, en el caso de que Ucrania cumpliese con las exigencias de un buen candidato para la adhesión, si una parte de su territorio continuara invadido por el ejército ruso, un tratamiento similar le sería concedido: suspender la aplicación de las políticas comunitarias en aquella zona invadida por Ucrania.

La adhesión, sin duda, redundará en los ciudadanos que se beneficiarán de los derechos y libertades del mayor éxito social, económico y político del mundo. Nos toca prepararnos para los desafíos futuros que afronta la UE, pero, entretanto, disfrutemos del éxito de la presidencia y de estas fiestas navideñas.

Diego Ramón Ruiz Barrios es portavoz de Equipo Europa en las Islas Canarias y miembro en la Delegación Internacional