Una de las consecuencias directas de la pandemia de la Covid-19 fue el aumento de los pagos electrónicos, fenómeno que se ha vuelto estructural como parte de la transición digital en la que está inmersa nuestra sociedad. Para ilustrarlo, un estudio de PwC estima que en 2030 se triplicarán las cifras de pagos electrónicos en todo el mundo.

Como respuesta a esta tendencia, en octubre de 2020, el Banco Central Europeo (BCE) publicó un informe que puso por primera vez sobre la mesa la posibilidad de lanzar una versión digital del euro. Siguiendo esta línea, en julio de 2021 se lanzó el proyecto del euro digital, con una fase de investigación que va a concluir este mismo octubre y que se ha llevado a cabo en coordinación con otras instituciones europeas, bancos centrales y entidades financieras de los países de la eurozona.

Durante esta fase, cabe destacar dos hitos: por un lado, la primera prueba piloto del euro digital, desarrollada en España en enero de 2023 y capitaneada por el Banco de España; y, por el otro, la propuesta legislativa sobre el euro digital de la Comisión Europea (julio de 2023), para dotar de un encaje legal a su potencial introducción. Una vez terminada la fase de investigación, se analizará si se sigue adelante con proyecto y, en caso afirmativo, cómo se va a implementar.

Pero ¿qué es exactamente el euro digital? ¿Cuál es su razón de ser y qué impacto puede tener en nuestra economía? En primera instancia, es importante destacar que el euro digital no está concebido como una nueva moneda, sino como un medio de pago complementario al euro en efectivo, especialmente orientado a las transacciones minoristas. En otras palabras, es una expresión en formato digital de la moneda única de la eurozona, el euro, que ya está en circulación, es pública y de curso legal. De esta manera, el euro digital cuenta con el respaldo de la autoridad bancaria de la eurozona, el BCE. Estos elementos lo diferencian claramente de las criptomonedas. Funcionaría a través de un monedero digital, que permitiría realizar pagos inmediatos a través de una tarjeta o una aplicación móvil.

Una de sus principales razones de ser es la corrección de dos fallos de mercado: la ausencia de un proveedor de pagos digitales europeo y la elevada concentración del mercado privado de servicios de pagos digitales. Este mercado está dominado por dos proveedores americanos, Visa y MasterCard, que, según datos de S&P Global, concentran el 80% de la cuota del mercado europeo. El euro digital pondría a la eurozona en el tablero de juego y dotaría al área monetaria de una mayor autonomía estratégica.

Sobre su impacto en la política monetaria, es importante destacar que su introducción no debería tener ningún efecto sobre el tipo de interés del BCE, al no modificar la cantidad de dinero en circulación que fija el banco central (oferta monetaria) y que determina el precio del euro. Al mismo tiempo, tampoco debería impactar a la demanda monetaria, dado que no va a modificar el volumen de transacciones que se van a realizar en la economía de la eurozona.

Una cuestión que sí es preocupante es su potencial riesgo para la estabilidad financiera. En épocas de crisis, los usuarios podrían plantearse cambiar sus depósitos bancarios por euros digitales, directamente emitidos por el BCE, lo cual podría desencadenar un pánico financiero que dejaría al sistema sin liquidez, abocándolo al colapso. Para minimizar este riesgo, el propio BCE apunta a que se va a establecer un límite a la cantidad de euros digitales que podrá solicitar cada usuario.

Las entidades financieras privadas de los países de la eurozona son el eje fundamental alrededor del cual pivota el euro digital, por lo que son claves para que su lanzamiento sea un éxito. Estas entidades serán las responsables de difundir y promover el uso del euro digital ofreciendo a sus clientes una plataforma que sirva como monedero digital y medio de pago, garantizando su usabilidad y la equidad en el acceso, poniendo por ello un foco especial en los colectivos más vulnerables, como las personas mayores.

Otros cuellos de botella que se tendrán que abordar a conciencia para garantizar un aterrizaje seguro del euro digital son la homogeneidad entre países a la hora de implementarlo, la alineación con la Ley Europea de Protección de Datos, la ciberseguridad y la lucha contra el blanqueo de capitales. La buena noticia es que hay margen para dar respuesta a todos estos desafíos que pueden poner en riesgo su viabilidad, después de que el pasado lunes 25 de septiembre la presidenta del BCE, Christine Lagarde, comunicó que no se contempla su implantación hasta dentro de dos años. De esta manera, estamos ante un proyecto a medio plazo del cual aún quedan muchas páginas por escribir.

Josep Bosch Plana es economista y socio de Equipo Europa