Tres accionistas australianos de Highfield Resources, que es la dueña de Geoalcali, han anunciado la aportación de 5,6 millones de euros (10 millones de dólares australianos) para Mina Muga. Así lo ha comunicado la firma a los medios de comunicación y a la Bolsa australiana donde cotiza y donde, ante el anuncio, se ha suspendido la cotización. El objetivo de este proyecto es la construcción de una mina de potasa en los términos de Navarra (en Sangüesa) y Aragón.

Uno de los que aportan capital es el fondo EMR Capital Mangement Limited, que es el principal accionista de Highfield con una participación que ronda el 30% y que está en manos principalmente de Owen Hegarty. El fondo EMR se ha comprometido a aportar 1 millón de euros (2 millones de dólares australianos). El otro socio que invierte es el fondo de inversión Tectonic Investment Management, con 2,8 millones de euros (5 millones de dólares australianos). Del tercer socio la empresa no ha facilitado su nombre, pero sí su aportación, que será de 1,7 millones de euros (3 millones de dólares australianos). Esta operación está sujeta al visto bueno que den los accionistas en la junta extraordinaria convocada para diciembre de 2025.

Esta aportación servirá, no para continuar con las obras, paralizadas por sentencia judicial, sino para sufragar los gastos operativos y el coste de estructura, según Carles Alemán, CEO de Geoalcali.

Marcha de los otros inversores

Esta decisión de aportación de capital llega después de que los tres inversores asiáticos que anunciaron, en un primer momento, su apoyo financiero hayan renunciado. Se trataba de los chinos Yankuang Energy Group y Beijing Energy Interrnational, y el fondo de Singapur Singapor Taizhong Global Development, que iban a aportar 220 millones de dólares. Posteriormente, el también chino Qinghai Salt Lake Industry, que anunció una aportación de 300 millones de dólares, también renunció.

Para la empresa, el proyecto de la mina cuenta con “un sólido y constante respaldo de sus inversores”. Pero para que continúen las obras tiene que resolverse antes el conflicto judicial que ha supuesto la paralización de las obras. Ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra se han presentado cuatro recursos de casación ante el Tribunal Supremo: de las administraciones central, navarra y aragonesa, y de Geoalcali. La empresa confía en que antes de fin de año, el Supremo haya decidido sobre su aceptación a trámite. En caso de aceptación, la resolución, según la empresa, no llegará antes de dos años.