Las cuentas de la navarra Dynamobel, con más de 60 años de historia y participada por Sodena desde 2018, siguen sin cuadrar. La compañía familiar, dedicada a la fabricación de mobiliario y soluciones para oficinas, admite que su situación de tesorería es “absolutamente límite” lo que le ha llevado a solicitar “recalendarizaciones” a Cofides de quien recibió en 2022 7,5 millones para encarar un plan de viabilidad que no ha dado los frutos esperados. Tal y como se recoge en el informe de situación que Sodena llevó el pasado 18 de abril a su consejo de administración, a los 7 millones que actualmente adeuda a Cofides se suman los que debe al ICO (1,6 millones) y, además, ha contraído 4,4 millones de deuda con Riodel por los alquileres no pagados de cuatro años sobre sus instalaciones, con una deuda asociada también millonaria.

Riodel es la sociedad propiedad de la familia Troyas, fundadora de Dynamobel y accionista mayoritaria, a la que en 2013 se trasladaron tanto los activos inmobiliarios (las naves de Berrioplano como de Peralta, donde se concentró la actividad) como un volumen de deuda que fue calificada por la dirección como “no sostenible” de entre 35 y 36 millones y que arrastra tras la compra en 2006 a la antigua Caja Navarra de la compañía Movinord dedicada a las particiones y con la que buscaba completar su cartera de trabajos. Esta adquisición ascendió a 31 millones de euros y se realizó de forma apalancada (a crédito) en un 100% del importe. Y tras aquella compra llegó la crisis y la compañía, según se relata en el informe, “no fue capaz de generar los fondos suficientes para atender ni la deuda ni la evolución negativa de su negocio”. En 2011 Sodena se vinculó con el proyecto de Dynamobel mediante la concesión de un préstamo de 10 millones de euros y un aval de otros 10 millones por parte de la antigua Nafinco que fue fusionada ese mismo ejercicio para formar la actual Sodena.

El planteamiento que Dynamobel está negociando ahora con la banca y que ya ha trasladado a la sociedad pública, que cuenta con el 38.04% de la compañía, es un nuevo plan de viabilidad que incluye la venta de los inmuebles de Peralta y Berrioplano y la firma de un nuevo contrato de alquiler entre Riodel y Dynamobel “con un obligado compromiso plurianual” que de “seguridad jurídica” a ambas partes. El encargo de la gestión de este acuerdo con el resto del pool bancario será el banco Copernicus, especializado en procesos de recobro. El objetivo es evitar la ejecución de la deuda por parte de los bancos que abocaría tanto a Dynamobel como a Riodel a un concurso de acreedores en liquidación ya que se produciría una exigencia inmediata de los alquileres no pagadas hasta ahora con las consecuencias que esto tendría para las 200 familias que trabajan en la zona de Peralta y el efecto indirecto sobre los proveedores. Con este nuevo planteamiento se busca otorgar libertad a los bancos para vender los inmuebles (el de Berrioplano tendría asociada una deuda de 24 millones) y destinar el importe de la venta a cancelar la deuda contraída con ellos. El acuerdo, defiende la compañía, además de la cancelación de la deuda permitiría negociar un alquiler a largo plazo para Dynamobel para continuar con su actividad en Peralta.

Para llevar a cabo este plan, Sodena asumirá un riesgo adicional en la compañía en el entorno máximo de los 4 millones de euros, 2 millones como aportación de capital y otros dos como aval. La situación de Dynamobel ha trascendido a raíz de que el Gobierno de Navarra haya anunciado esta semana que solicitará autorización al Parlamento de Navarra para esta operación que justifica por el elevado impacto socioeconómico de la compañía en la zona de Peralta.

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Dynamobel había previsto cerrar el ejercicio 2023 con una cifra de ventas de 33,4 millones y durante los tres primeros meses del ejercicio las previsiones apuntaban a esa cifra. Sin embargo, según desvela la compañía en el informe de situación que presentó al consejo de administración de Sodena en abril, en junio de ese año la compañía sufrió un ciberataque que produjo “la más absoluta desolación” con una paralización de la actividad que se prolongó durante casi cuatro meses. Los ciberdelincuentes solicitaron entonces un rescate de 1,5 millones de euros que no fue atendido y la situación derivó en una situación financiera extrema con una pérdida de facturación de unos 6 millones de euros que no le impidió recuperar ocho puntos de margen bruto registrado en el ejercicio anterior.

Además de los dos millones de euros que Sodena aportará al capital social de Dynamobel, la sociedad pública ha aprobado un segundo apoyo adicional (los dos requieren autorización del Parlamento) que consiste en la concesión de un aval de hasta dos millones de euros. Un apoyo que está supeditado al cumplimiento del plan de negocio diseñado por la compañía que será valorado por el consejo de administración de Sodena el próximo 31 de julio, “con fijación de las condiciones que se consideren por parte del mismo en ese momento”, tal y como se recoge en un informe emitido esta misma semana por la Secretaría General Técnica de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial. Un plan de negocio con el que la compañía confía en lograr un beneficio de 1,2 millones en 2025 y superan los 2,4 un año después tras haber cerrado 2023 con unas pérdidas preliminares de 2,2 millones. Admite la compañía que la propuesta planteada parte de una situación “crítica” de tesorería que arroja una necesidad en este ámbito del entorno de 3,7-3,8 millones de euros y obliga a adoptar una serie de medidas que requieren de recursos que no han sido contemplados en el plan de tesorería y requeriría una necesidad de financiación adicional de 2,3 millones. En el plan de negocio se recogen desde acciones de impulso comercial por importe de 0,7 millones de euros a la conclusión del plan de lanzamiento de nuevos productos y reingenierías (estandarización de componentes, inversiones en utillajes y pequeños ajustes en procesos fabriles) que se llevarían otros 0,7 millones. La propuesta se completa con los 0,5 millones para la nueva ERP de gestión que habían previsto para 2023 pero no pudieron abordar por el ciberataque y otros 0,4 millones para inversiones.