El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mª Aierdi, y la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Amaia Barredo, acudieron el martes 29 de septiembre a la sede de la Comisión Europea en Bruselas para reunirse conjuntamente con el equipo del comisario de Agricultura, Christophe Hansen, y trasladarle los posicionamientos de ambas comunidades ante las negociaciones que se acaban de abrir sobre la Política Agraria Común (PAC) de la UE para el próximo período 2028-2034.

El consejero y la consejera de Navarra y Euskadi estuvieron acompañados del director general de Agricultura y Ganadería, Ignacio Gil, y el viceconsejero de Alimentación y Desarrollo Rural, Raúl Pérez Iratxeta, respectivamente, y mantuvieron una reunión de trabajo sobre el futuro de la PAC con Antonella Rossetti y Marta Caruda, miembros del gabinete del comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, el luxemburgués Christophe Hansen.

Durante el encuentro, Aierdi y Barredo han defendido ante los representantes de la Comisión Europea tres cuestiones básicas, según el comunicado oficial: “La necesidad de que priorice un modelo de agricultura familiar y las rentas de los agricultores profesionales frente a los llamados derechos históricos; que, en paralelo, fomente estrategias de desarrollo local y dinamización de un mundo rural vivo frente al fenómeno de la despoblación y, finalmente, que la PAC dote un mayor papel a las comunidades o regiones en el diseño y gestión de las políticas agrarias y de desarrollo rural de la UE frente a modelos centralizados”.

RELEVO GENENERACIONAL Y MODELOS AGROAMBIENTALES

En esta línea, los dos responsables políticos pidieron “una PAC que oriente sus apoyos hacia los y las agricultoras que realmente ejercen la actividad agraria, que refuerce el poder del sector productor en la cadena alimentaria, impulse el relevo generacional y haga más atractivo el sector primario para jóvenes, potencie modelos productivos agroambientales y contribuya a modernizar el sector agrario y hacerlo más resiliente”.

En cuestiones más sectoriales, los representantes españoles mencionaron también que la PAC debe tener en cuenta, igualmente, “otras cuestiones que resultan estratégicas para garantizar la competitividad del sector como el fortalecimiento de la alianza entre los agentes productores y la industria agroalimentaria local, la modernización de las infraestructuras de regadío para hacer frente al reto de la escasez de agua en la producción agraria o la intensificación del apoyo a la ganadería extensiva”.

Asimismo, como posicionamiento inicial, los titulares de Agricultura y Desarrollo Rural de ambas comunidades expresaron su inquietud y oposición ante la propuesta inicial realizada por la Comisión Europea de reducir en torno a un 20% los fondos que el Marco Financiero Plurianual (MFP) de la UE dedicará a las políticas agrarias de la PAC y los pagos directos al sector, “una merma que no guarda coherencia alguna con la ambiciosa ‘Visión para la Agricultura y la Alimentación’ que el propio comisario Hansen presentó el febrero de 2025 como hoja de ruta para fortalecer el modelo europeo de producción sostenible y fomentar estrategias de soberanía y seguridad alimentarias”, según manifestaron Aierdi y Barredo.

LOS RECORTES AMENAZAN LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

En este sentido, ambos defendieron que, “en un contexto de distintas crisis geopolíticas, que están afectando duramente en el sector con importantes incrementos de costes de producción, y un impacto cada vez mayor del cambio climático en la actividad agraria, una reducción del presupuesto de la PAC pondría en riesgo la soberanía alimentaria europea frente a terceros países”.

En el plano de la gobernanza, los equipos de Aierdi y Barredo defendieron que la política agraria europea “evolucione hacia un modelo regionalizado, sencillo y flexible en su aplicación territorial, en contraposición a un enfoque centralizado, porque creemos que una PAC formulada y gestionada con y desde las regiones no sólo responde mejor a la diversidad de las distintas realidades de la UE, sino que mejora la eficacia de las políticas agrarias”.

A este respecto, ambas comunidades coincidieron en reivindicar “las competencias de las regiones particularmente en el diseño de los planes de desarrollo rural, así como en la gestión de los fondos destinados a políticas de dinamización territorial”.