Turbulencias en Mina Muga. La paralización que vive el proyecto, una mina de potasa que promueve Geoalcali entre Navarra y Aragón, ha provocado un maremoto en su consejo de administración. Las tres personas que lo formaban hasta el pasado 9 de mayo ya no están. Ignacio Salazar, consejero delegado y director general de Geoacali y de su propietaria, la sociedad australiana Highfield Resources, ha dimitido. Así lo anunciaba la web de la compañía australiana el pasado 9 de mayo. Unos días antes, Highfield había echado a las otras dos personas que formaban, junto con Salazar, el consejo de administración de Geoalcali, Sixto Jiménez y Julio del Valle. Los motivos llevaron a Highfield a prescindir de estos dos consejeros no han trascendido aunque si están relacionadas con las decisiones adoptadas por el consejo de Geoalcali, relacionadas con la paralización actual, no coincidentes con la sociedad propietaria.

En esta situación, la empresa Geoalcali se ha quedado sin dirección por lo que está previsto que esta semana acudan a Pamplona representantes de Highfield para tomar las riendas de la empresa. Ante estos movimientos, Highfield ha suspendido su cotización en la Bolsa australiana, como también ha comunicado en su página web. Todos estos cambios se producen en un contexto en el que los permisos para la construcción de la mina están judicializados, lo que ha provocado el retraso en la decisión de las anunciadas inversiones millonarias de empresas chinas. Y estos hechos añaden, lógicamente, mayor incertidumbre a los socios chinos cuyas decisiones de inversión estaban pendientes de contar con todas las autorizaciones necesarias para que el proyecto salga adelante.

Al frente desde hace 5 años

Ignacio Salazar Blanco, al frente de Geoalcali desde hace casi cinco años, ha dimitido por “causa justificada”, un motivo recogido en la legislación laboral. Cambios producidos en la estrategia de la empresa le han llevado a tomar esta decisión. Para el directivo, con la situación actual de la empresa y las decisiones tomadas se le hacía “imposible” continuar en el cargo por razones “éticas y legales”. “No estoy de acuerdo con la estrategia tomada y no puedo honestamente hacer mi trabajo”, explicó el exdirectivo, quien, ostentaba hasta el momento los cargos de consejero delegado y director tanto en Geoalcali como en Highfield Resources. La dimisión se ha producido con efecto inmediato.

Highfield Resources, por su parte, ha comunicado que los planes de Mina Muga siguen adelante. La empresa destacó que la contribución de Salazar ha sido “clave en el desarrollo y consolidación de los permisos necesarios”. También resaltó su papel en los “avances significativos en la financiación del proyecto”. Pero el gobierno central no ha movido la ficha, por ahora, que pueda permitir desbloquear la maraña en la que está inmersa Geoacali. La ficha hoy se llama autorización y no está, hoy por hoy, sobre el tablero.

Highfield Resources es una empresa minera que cotiza en la Bolsa australiana. Puso los ojos en una zona entre Sangüesa (Navarra) y Undués de Lerda (Aragón) para explotar la potasa que utilizan los fertilizantes para aumentar la productividad. Para operar en España fundó la empresa Geoalcali en 2012. El principal accionista de Highfield es el fondo EMR, que está en manos principalmente del australiano Owen Hegarty. En 2023 afirmaba en Diario de Navarra que esperaba que la construcción comenzara en 2023. Pero entonces el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) no había paralizado el proyecto, algo que hizo mediante sentencia del 30-9-2024, ante la demanda de Ecologista en Acción y Sustrai Erakuntza. Según la sentencia, es necesario una autorización única del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), algo que no se ha concedido a pesar de las reuniones del gobierno de Navarra con el ministerio.

Poco antes de la sentencia, Geoalcali, que ha cuantificado el proyecto en 800 nuevos empleos, había firmado un acuerdo de financiación con tres socios asiáticos: dos chinos (Yankuang Energy y Beijing Energy) y uno de Singapur (Taizhong). El objetivo es que aporten 220 millones de euros que se añadirían a los 150 millones invertidos ya por Highfield y a los 320 de financiación bancaria. Los posibles socios han alargado el ultimátum que anunciaron para firmar la inversión a la espera de contar con la autorización del MITECO. Mientras, los 30 trabajadores de Geoalcali continúan en ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo).