Diario de Navarra

Un respiro. Eso es lo que los ‘deseados’ socios chinos han concedido a Geoalcali. In extremis. Cuando llega la fecha límite, el 31 de marzo, que estos inversores marcaron para contar con todos los permisos necesarios para el proyecto como condición para financiar la mina de potasa, ellos mismos han decidido ampliar el plazo. Dice Geoalcali que han tomado esta decisión favorable para la empresa navarra ante “la voluntad por parte del Gobierno central de ofrecer una solución administrativa que garantice seguridad jurídica para invertir en España”. Realmente no se sabe (públicamente) cuál es la solución que ha ofrecido el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) para tranquilizar a los socios asiáticos, pero lo que es seguro es que todavía no se ha concedido el permiso que hasta ahora era necesario que emitiera el ministerio. A pesar de que Geoalcali empieza a vislumbrar la luz después de la preocupación manifestada desde hace meses por el miedo a ver esfumarse la inversión asiática, la empresa minera mantiene el ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) durante el mes de abril para la treintena de trabajadores de Geoalcali. Había anunciado el pasado 11 de febrero un ERTE hasta el 31 de marzo, que ahora se alarga un mes más. Geoalcali es la filial española, con sede en Navarra, de la australiana Highfield Resources. Se constituyó en 2012 con el fin de construir una mina de potasa, elemento utilizado para los fertilizantes para atender las necesidades alimentarias. El proyecto de mina afecta a los términos municipales de Sangüesa y Javier (Navarra) y Urdués de Lerga (Aragón). Hasta ahora ha recibido una inversión de 150 millones de euros desde Highfield. 700 MILLONES DE PRESUPUESTO A esa cantidad se añade el presupuesto total del proyecto que requiere una inversión de 700 millones de euros. De esta cifra, ya hay comprometida una línea de financiación bancaria de 320 millones de euros. Y el objetivo era completar esta cantidad con 220 millones de euros que aportarían los tres socios asiáticos: dos chinos (Yankuang Energy y Beijing Energy) y uno de Singapur (Taizhong). Estos socios comprometieron la materialización de su inversión a contar con todos los permisos necesarios para llevar el proyecto adelante antes del 31 de marzo. Pero una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), del 30 septiembre de 2024, paralizó el proyecto cuando parecía que todo estaba ya listo para iniciar las obras. Esta sentencia era la respuestas a un recurso del grupo Ecologistas en Acción contra los permisos obtenidos. Según la sentencia, es necesario subsanar un defecto de forma. En opinión del TSJN, en lugar de haberse concedido los permisos a tres bandas (del Gobierno de Navarra, de Aragón y de España), es necesario un procedimiento único y la autorización debe concederla el MITECO, algo que a día de hoy no se ha conseguido. Este escollo no había sido previsto y, al pasar el tiempo y no tener el premiso exigido por el TSJN, todo parecía indicar que la inversión de los socios asiáticos iba a caer en dique seco. La sentencia del TSJN y la ausencia del permiso que exige hacía tambalear el proyecto. Comenzaron entonces todas las reuniones y recursos posibles desde las diferentes instituciones implicadas. La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, se reunió con la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. Al mismo tiempo, lo hizo también, junto con el consejero de Industria, Mikel Irujo, con representantes de la empresa. Pero, por muchos hilos que se tocaran y muchas buenas palabras, no había avances desde donde tenía que haberlos: desde el MITECO. Y eso a pesar de que el consejero delegado de Geoalcali, Ignacio Salazar, fue muy claro: “El que tiene que mover ficha es el Ministerio para la Transición Ecológica”, había dicho. Ha llegado el día, 31 de marzo, y no existe la concesión del MITECO exigida para contar con el dinero de los asiáticos y tampoco hay una respuesta concreta por su parte. Pero Geoalcali afirma que el ministerio ha transmitido “voluntad de solucionarlo”, lo que ha sido suficiente para que los inversores chinos amplíen el plazo dado para su inversión sin que se haya podido saber cuál es la fecha en esta ocasión.

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Los inversores chinos amplían el plazo para financiar la mina de Geoalcali

El proyecto minero depende de los 220 millones de tres socios asiáticos, pero una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha puesto en peligro la inversión

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