El gobierno de Australia ha autorizado la entrada del grupo chino Yankuang Energy en la mina Muga, un proyecto que tiene como objetivo la extracción de potasa en una zona ubicada entre Navarra y Aragón. Este grupo es uno de los tres inversores que la empresa minera Geoalcali, promotora del millonario proyecto Muga, anunció el pasado septiembre. Los otros dos inversores son el también chino Beijing Energy y el inversor de Singapur Taizhong.

Pero, ¿por qué para el desarrollo de la mina, que afecta a los términos municipales de Sangüesa y Javier (en Navarra) y Urdués de Lerda (en Aragón) es necesario el visto bueno del gobierno australiano? Para responder a la pregunta hay que tener en cuenta que Geoalcali, la empresa con sede en Navarra que impulsa la mina, es una filial y propiedad al 100% del grupo australiano Highfield Rersources, que ha invertido hasta el momento 130 millones de euros en Muga y que cotiza en la Bolsa australiana. Además, el gobierno de Australia debe autorizar cualquier entrada de capital público extranjero en empresas de ese país, según explicó Ignacio Salazar, director general de Geoalcali. En este caso, Yankuang Energy, que prevé aportar 376 millones de dólares estadounidenses a Highfield para Mina Muga, es un inversor propiedad en su mayoría del gobierno chino. Con esta inversión, además, se convertirá en el accionista mayoritario de Highfield Resources.

EL OTRO INVERSOR CHINO

El otro inversor chino, Beijing Energy, también es propiedad del gobierno del país asiático. Y, por lo tanto, su inversión también deberá ser aprobada por el gobierno de Australia. Pero, según explicó Salazar, “lo lógico es que concedan también la autorización para esta empresa porque su aportación es menor”. El tercer inversor, Taizhong, queda al margen de estos requisitos por ser de una compañía privada de Singapur.

Sin embargo, por mucha autorización que otorgue el gobierno australiano a la entrada de una empresa del gobierno chino en este proyecto Mina Muga y, aunque esta aprobación suponga, según la empresa, “un avance significativo para la consolidación de su financiación, no podrá salir adelante si no se consiguen las licencias correspondientes. Y esto es algo que, hoy por hoy, está en el aire después de que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) haya anulado uno de los permisos de Mina Muga.

EL ACCIONISTA DE MUGA

Yankuang Energy Group Company Limited se dedica a la minería, los productos químicos de gama alta y los nuevos materiales, las nuevas energías y la logística. Cotiza en las Bolsas de Shanghai, Hong Kong, Nueva York y Australia. Sus activos, según informó Geoalcali, suman 50 billones de dólares y su facturación es de 21 billones de dólares americanos.

La inversión de este grupo en Highfield Resources va destinado a Mina Muga. Pero el acuerdo también contempla la adquisición por parte de Highfield de una mina en Canadá, propiedad de Yankuang. también de potasa. Este proyecto comenzará, según explicó Salazar, cuando finalice el de Muga. De esta manera, los dos proyectos mineros de Highfield estarán ubicados en España y Canadá.

El proyecto de Mina Muga comenzó en 2012 con la constitución de Geoalcali para construir un mina de potasa, un elemento fundamental para los fertilizantes con el objetivo de atender las necesidades alimentarias. Estaba previsto, antes del recurso de la sentencia del TSJN, que las obras puedan comenzarse en este ejercicio.

Paralizado. Así está el proyecto de Mina Muga. Y esta interrupción hace referencia a las obras y la ejecución de su financiación después de la firma con tres empresa asiáticas (Yankuang, Beinjing y Taizhong) celebrada a principios de octubre pasado. La causa de la paralización es la sentencia (octubre de 2024) del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) que anuló uno de los permisos necesarios para continuar con la obra. Esta sentencia fue fruto del recurso presentado por el grupo Ecologistas en Acción contra los permisos concedidos. El TSJNconsideró que hacía falta un procedimiento único de tramitación para la concesión de la administración, en lugar de, como se hizo, solicitar tres permisos diferentes (desde el gobierno de Navarra, el de Aragón y el de España).

Esta sentencia ha sido recurrida antes de Navidad por las tres administraciones, por el Gobierno de Navarra, de Aragón y de España, según confirmó Ignacio Salazar, director general de Geoacali, empresa que impulsa el proyecto Mina Muga. También ha recurrido la sentencia la propia empresa Geoalcali.

Sin embargo, el directivo confía en que se pueda solucionar el conflicto al margen y antes de la resolución del proceso judicial, que puede alargarse en el tiempo. “El gobierno de Navarra está coordinado con Madrid y dispuesto para solucionarlo. Tienen que ponerse de acuerdo en la fórmula que hay que adoptar porque el problema es un tema formal entre administraciones. Mientras esto no se resuelva, no podemos avanzar, no podremos recibir la financiación acordada porque no podemos cerrar el acuerdo con los inversores”, añadió el directivo.

Sí reconoce que es positivo que tres administraciones diferentes coincidan, en este caso, en contra del criterio del TSJN. Pero, añade que hay que buscar una vía paralela para solucionar el problema “Dentro del derecho minero existen fórmulas diferentes. El Gobierno foral nos ha manifestado su confianza en ganar el recurso. Pero la inversión prevista no puede esperar años a que se resuelva el conflicto judicial”, añadió Ignacio Salazar.