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Guía concursal (VII)

Reforma concursal: la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI)

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  • ARPA ABOGADOS CONSULTORES
Publicado el 29/11/2022 a las 06:00
La Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI), también conocida como segunda oportunidad, es el derecho del deudor persona natural, empresario o no, a solicitar la cancelación de las deudas que no haya podido pagar en su proceso concursal de insolvencia.
Frente al sistema anterior que exigía al deudor intentar un acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores y, fracasado éste, la liquidación judicial de su patrimonio; la reforma concursal introduce un nuevo sistema en el que el deudor puede solicitar y obtener del juzgado la EPI mediante dos vías: (I) Una exoneración definitiva con liquidación de su patrimonio o (II) una exoneración provisional sin liquidar su patrimonio pero obligándose a cumplir un plan de pagos, en la que destine una parte de sus ingresos y patrimonio al pago de la deuda, para finalmente quedar exonerada la parte de la deuda que no pueda pagar con el cumplimiento del plan de pagos.
El plan de pagos deberá incluir el calendario y alcance de los recursos previstos para atender el pago de la deuda y de las necesidades del deudor, y, en su caso, un plan de continuidad de la actividad que desarrolle o pretenda emprender, señalando los bienes que considere necesarios para ello. La duración del plan de pagos será de tres años, con carácter general, y si, por ejemplo, el deudor desea conservar la propiedad de su vivienda habitual, deberá mantener el plan de pagos durante dos años más.
El deudor puede cambiar de modalidad de exoneración durante el proceso concursal y pasar de un plan de pagos a una exoneración con liquidación de su patrimonio.
La buena fe del deudor insolvente sigue siendo el requisito fundamental para obtener la EPI. La reforma concursal suprime la definición del deudor de buena fe, y detalla las conductas tasadas del deudor que, por su especial gravedad para el orden público, le impedirán obtener la EPI.
La exoneración se extiende a todo tipo de deuda insatisfecha, pero con algunos límites: No serán exonerables las deudas por alimentos, por responsabilidad civil extracontractual, por muerte o daños personales, las deudas por responsabilidad civil derivada de delito, las deudas por créditos de derecho público, salvo las correspondientes a la AEAT y Seguridad Social que se podrán exonerar hasta un máximo de 10.000 € por deudor; las deudas por multas penales y sanciones administrativas muy graves, y la deuda por costas y gastos judiciales derivados del proceso de exoneración.
Mención especial merece la deuda con garantía real: Solo será exonerable la parte de la deuda que exceda del 90% del valor del bien, una vez deducido el importe de los créditos con garantía preferente sobre el mismo bien. El resto de la deuda no será exonerable y mantendrá las fechas de vencimiento pactadas antes del proceso concursal, con recálculo de las cuotas a pagar.
También cabe destacar que, excepcionalmente, el juez puede declarar como no exonerables deudas que sí lo son, cuando sea necesario para evitar la insolvencia del acreedor afectado.
Los acreedores pueden fiscalizar el proceso de exoneración de deudas, antes y después de que el juez la acuerde, mediante la presentación de alegaciones o recursos. Resumidamente, ante un proceso de exoneración con liquidación del patrimonio del deudor el acreedor solo podrá oponer la no concurrencia de los requisitos legales para conceder la EPI; y ante una exoneración sin liquidación, el acreedor podrá, además, proponer medidas que limiten el poder de disposición del deudor durante el plan de pagos, o impugnar su aprobación judicial porque el plan de pagos no le garantiza el cobro de lo que recibiría en una eventual liquidación concursal.
Trascurridos tres años desde que el juez acordó conceder la EPI, el acreedor afectado podrá solicitar su revocación si el deudor ha ocultado bienes o ingresos a los acreedores, o si ha mejorado sustancialmente su situación económica por herencia, legado, donación o juego de suerte.
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