En DN INMO hemos arrancado 2026 con una serie de entrevistas sobre la situación y las perspectivas del sector inmobiliario en nuestro país. Tras conocer el punto de vista de Mikel Echavarren, CEO de Colliers, y María Matos, directora de Estudios de Fotocasa, hoy continuamos con José María Alfaro, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI).

El mercado inmobiliario español en 2026 se caracterizará por una tensión estructural entre oferta y demanda, especialmente en los principales núcleos urbanos y zonas con mayor dinamismo económico. La demanda de vivienda seguirá siendo sólida —impulsada por factores demográficos, movilidad laboral y necesidad de acceso a vivienda—, mientras que la oferta continuará siendo claramente insuficiente. Más de 12 años ya de ciclo alcista muestran precios muy tensionados, que desplazan a la demanda a zonas periféricas.

A esta situación se suma un entorno normativo cada vez más complejo, que genera incertidumbre tanto para los consumidores como para los profesionales, ralentiza decisiones y, en algunos casos, retrae inversión. No estamos ante un problema coyuntural, sino ante un desajuste profundo del sistema, que exige políticas estables, realistas y coordinadas, orientadas a incrementar la oferta, reforzar la seguridad jurídica y proteger al consumidor.

Sin duda. La comercialización inmobiliaria se ha vuelto mucho más exigente desde el punto de vista normativo, y esto es especialmente relevante en la fase previa al contrato, es decir, en la publicidad y en la información facilitada desde el primer contacto con el consumidor. La Ley 10/2025 de 26 de diciembre, ha venido a reforzar aspectos muy significativos de transparencia.

Hoy, quien interviene en una compraventa —sea profesional o particular— debe manejar con precisión obligaciones en materia de transparencia, protección al consumidor, veracidad publicitaria y documentación, lo que convierte la improvisación en un riesgo real. Para el consumidor, esto es una garantía; para el agente inmobiliario, una llamada clara a la profesionalización.

El problema aparece cuando esta complejidad no va acompañada de claridad normativa ni de pedagogía, lo que genera confusión y eleva el riesgo de errores involuntarios. En este contexto, el papel del agente inmobiliario profesional, formado y alineado con el cumplimiento normativo, no solo es útil, sino cada vez más necesario.

El futuro del sector inmobiliario pasa, de forma ineludible, por la profesionalización real y el cumplimiento normativo como eje central de la actividad. No se trata solo de vender o alquilar viviendas, sino de representar correctamente los intereses del consumidor, aportar seguridad jurídica y generar confianza en un mercado cada vez más complejo y difícil.

El cumplimiento normativo no debe verse como una carga, sino como una ventaja competitiva y un elemento diferenciador frente a la desintermediación y la informalidad. Solo con profesionales bien formados, transparentes y responsables podremos construir un mercado inmobiliario más justo, más eficiente y sostenible en el tiempo.