Baztan

La justicia exime de responsabilidad al alcalde por la licencia de Aroztegia

El primer edil anuló el permiso concedido por silencio administrativo tras un equívoco del equipo asesor jurídico

El alcalde, Joseba Otondo, comparece ante los medios ante la Audiencia en 2018
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El alcalde, Joseba Otondo, comparece ante los medios ante la Audiencia en 2018
El alcalde, Joseba Otondo, comparece ante los medios ante la Audiencia en 2018

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Natxo Gutiérrez

Publicado el 24/12/2021 a las 06:00

El alcalde de Baztan, Joseba Otondo (EH Bildu), logró este jueves el refrendo de su partido y de Baztango Ezkerra para serle reembolsados los 1.210 euros de los honorarios de los abogados que le defendieron por una querella presentada por prevaricación administrativa hace dos años presentada por la promotora del proyecto de ocio Aroztegia en Lekaroz.

La demanda no prosperó al entender el Juzgado de Instrucción Número 5 de Pamplona que el primer edil no es responsable de la anulación de la licencia de obras del hotel que con anterioridad había obtenido la mercantil Palacio de Arozteguía S.L. por silencio administrativo. Tal y como declaró el propio edil ante la justicia, si firmó la anulación del permiso fue por un informe de la entonces secretaria municipal que contó “con el visto bueno de la asesoría jurídica” externa. De lo contrario, “no se le hubiera ocurrido hacer eso”. Las obras de Aroztegia permanecen paralizadas desde que fuesen saboteadas por particulares contrarios a su ejecución. La promotora contemplaba una inversión de 26 millones en una iniciativa basada en tres pilares: hotel, campo de golf y área residencial con 228 viviendas en distintas fases.

Tanto la secretaria municipal, que ofició como tal entre diciembre de 2018 y septiembre de 2019, como el equipo asesor externo entendieron que debía retirarse el permiso, aunque hubiese sido otorgado por silencio administrativo, por “ser contrario a derecho”.

Lo consideraron de esa manera tras leer un documento del Jefe de la Sección de Patrimonio de la Institución Príncipe de Viana, resuelto con una opinión “desfavorable al proyecto básico presentado” por la empresa y con una solicitud dirigida al Ayuntamiento para que instase a sus responsables a adaptarlo a la normativa urbanística en el valle. El departamento de Cultura aclaró después que sus conclusiones eran recomendaciones y que se permitía “continuar con el proyecto”.

“Tanto el Ayuntamiento como Biderka (la empresa asesora externa) dijeron que el informe de Príncipe de Viana era vinculante” y, por tanto tenía “que estar en el expediente para dar la licencia”, tal y como observó ante la justicia el alcalde.

En su declaración, la secretaria reconoció tal extremo y admitió “que consideró que efectivamente cabía llevar a cabo la declaración de nulidad de una licencia administrativa, que había sido concedida por silencio administrativo, sin llevar a cabo la tramitación de un procedimiento específico y sin ser oído el interesado (es decir, la promotora)”. La anulación podía ser acordada, a su parecer, por el alcalde.

CONSULTA EXTERNA

En las distintas fases de su actuación, la técnico aseguró dirigirse a la asesoría externa en busca de su consentimiento. Lo hizo cuando expendió el certificado de la licencia de obras por silencio administrativo y lo hizo también cuando redactó el informe que sirvió al alcalde para que después la anulase.

La querella contra el primer edil, finalmente desestimada, sucede a otras dos contra su persona y contra su antecesora en el cargo, Garbiñe Elizegi, de su mismo grupo, por distintas cuestiones. La Junta de Gobierno Local fue también denunciada sin que resultase culpable.

“Llevamos gastados un dineral por Aroztegia”

El grupo municipal de Navarra Suma, que votó este jueves en contra del reembolso de los honorarios de abogados, reiteró la petición de rescisión de contrato del equipo asesor municipal en materia jurídica tras su interpretación errónea sobre el informe de Príncipe de Viana que condujo al alcalde a firmar la nulidad de la licencia de obras del hotel de Aroztegia. Según su portavoz, Isabel Olave, “si hemos llegado hasta aquí fue por un error del equipo de gobierno, mal asesorado por el equipo externo cuando se dio la licencia por silencio administrativo. Entonces el equipo externo dijo que era el Gobierno foral el que debía dar el permiso de la obra, cuando no era así. La competencia recae en el Ayuntamiento”. Según Olave, “llevamos gastados en el Ayuntamiento un dineral en asuntos judiciales” en el litigio creado en torno al proyecto de Aroztegia.

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