El Parlamento de Navarra pide información de la planta de Ultzama

La Cámara de Comptos descarta remitir al Parlamento documentación que sirvió de soporte a los auditores que intervinieron en la elaboración del informe remitido a la fiscalía sobre la construcción y gestión de la planta de biometanización de Ultzama. El órgano fiscalizador envió sus conclusiones a la fiscalía al apreciar “indicios de responsabilidad penal”, tal y como explicó su presidenta, Asun Olaechea, en una comparecencia parlamentaria. La comunicación al ministerio público vino dada, entre otros argumentos, por la apreciación de “doble facturación” y “un sistema de facturación cruzada” entre el ayuntamiento, regido entonces por la Agrupación Ultzama, y las concesionarias -Levenger y Bionergía Ultzama- que se sucedieron en la gestión de las instalaciones de Iraizotz. Su ejecución absorbió 3,85 millones de euros de fondos públicos de los 5,7 millones que costó, según contabilizó Comptos. Dentro de la fase recopilatoria de información, la comisión de investigación creada en el Parlamento solicitó, a través de un escrito enviado por su presidenta, Ainhoa Aznárez, tres cuestiones a la Cámara de Comptos: “Copia de la documentación utilizada, incluida toda la documentación de soporte utilizada y/o realizada por los auditores intervinientes, que han dado origen al informe emitido”. En segundo lugar: “Copia del informe o informes jurídicos realizados por los letrados de la Cámara de Comptos referidos al informe de fiscalización sobre la planta de biometanización”. Por último, la comisión de investigación pretendía disponer de copia de las “comunicaciones de la Cámara de Comptos en ejercicio de sus funciones con la fiscalía, y copia de comunicaciones enviadas por la fiscalía a la Cámpara de Comptos”, tal y como aparece recogido en un dictamen de los servicios jurídicos del propio órgano fiscalizador. RESPUESTA DE COMPTOS Como argumento a su negativa a reenviar las copias solicitadas, la Cámara de Comptos se apoya en unn dictamen de sus servicios jurídicos que recuerda a la comisión parlamentaria la posibilidad de pedir la documentación externa utilizada en la auditoría al Ayuntamiento de Ultzama y a los departamento forales de Desarrollo Económico y Desarrollo Rural. En lo que concierte a la “documentación interna”, elaborada por auditores y técnicos del propio órgano fiscalizador, Comptos aclara que se trata “de un conjunto heterogéneo de información entre la que se incluyen circularizaciones, encuestas, hojas de cálculos, notas, tablas, borradores, resúmenes, informes, notas de reparo, comunicaciones internas y externas”. Se trata, en algunos casos, de aportaciones “no concluyentes”, según el dictamen de sus servicios jurídicos. El trabajo interno, unido a la documentación reunida de Ayuntamiento y Gobierno foral, “sirve de evidencia y soporte técnico al informe definitivo de la Cámara, en el que ésta plasma su opinión técnica y profesional de auditoría sobre la materia o entidad fiscalizada”, en este caso, la planta de biometabización de Ultzama. Por último, Comptos entiende que no puede aportar a la comisión los documentos remitidos a la fiscalía, en la medida que afectan “a las diligencias que está realizando para esclarecer los hechos investigados”. “En todo caso y si lo estimara conveniente correspondería a dicha fiscalía su aportación”, concluye. Sobre estos argumentos, la propia presidenta de Comptos solicita su propia comparecencia “urgente” a fin de explicar las razones que ha conducido a su institución a no enviar la documentación requerida. El dictamen jurídico del órgano fiscalizador aclara que esta institución “no es una administrción pública dependiente del Ejecutivo foral a la que se le pueda requerir la documentación que deriva o sirve de soporte a sus trabajos técnicos, sino una institución parlamentaria que, en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras sobre la gestión pública, emite informes técnicos para el Parlamento de Navarra, que le sirven de base para el ejercicio de sus funciones de control político sobre la Administración Foral”. UPN se escuda en el contenido de una sentencia para responder a Comptos que no es una “institución parlamentaria” y sí una “Administración dependiente del Parlamento, al que “debe dar traslado de la documentación solicitada”.

El Parlamento pide información de Ultzama que Comptos deniega

Se trata de documentos utilizados por auditores, previos al informe final enviado a la fiscalía

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