Ultzama

El Parlamento investigará la gestión de la planta de biogás de Ultzama

Las cuatro fuerzas que sustentan el Gobierno apoyan la creación de una comisión especial

Instantánea de la planta de biogás de Iraizotz cuando se inauguró en diciembre de 2010.

Instantánea de la planta de biogás de Iraizotz cuando se inauguró en diciembre de 2010.

ARCHIVO (GARZARON)
Actualizada 05/05/2017 a las 09:19

Una comisión de investigación analizará en el Parlamento el proceso de gestión y construcción de la planta de biogás, después que el jueves las cuatro fuerzas que sustentan el Gobierno foral -Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E- registrasen en la Cámara una petición en ese sentido. La iniciativa, planteada en la víspera por EH Bildu, tiene por objeto investigar la concesión de la obra y posterior explotación así como el destino de los fondos que concedió el Gobierno foral. El aporte del Ejecutivo, vía subvención de Desarrollo Rural y Desarrollo Económico, ascendió a 2,4 millones dentro del capítulo de fondos públicos de 3,2 millones que apoyó el proyecto. La planta de biogás y las balsas de recogida de purines precisaron 4,56 millones.


En un informe, dado a conocer la semana pasada, Comptos apreció “sobrefinanciación” de la vía pública y detectó “doble facturación” para aspirar a subvenciones forales. El órgano fiscalizador remitió la auditoría a fiscalía por si se hubiese cometido algún delito.


Los grupos del cuatripartito abogan por investigar los proyectos técnicos que sustentaron la cesión de la concesión a favor de la mercantil Bioenergía Ultzama, “la participación de concejales como socios de esta mercantil, el desarrollo de la actividad hasta el cierre de la planta y el empleo”, según recogió el jueves la agencia Efe.

 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL


Por otro lado, la consejera de Desarrollo Rural, Isabel Elizalde, anunció la intención del Gobierno foral de establecer “procedimientos de seguimiento y control” para proyectos que sean subvencionados con más de tres millones de euros con fondos forales. A su juicio, tras las conclusiones de Comptos, se comprueba “claramente la necesidad de establecer sistemas de seguimiento y control con una visión interdepartamental”, que “vaya más allá de las actuaciones administrativas puntuales”.


De igual modo, a una interpelación recibida del parlamentario de Geroa Bai Unai Hualde en el pleno del jueves, confirmó que el Ejecutivo se debate entre “ejercitar acciones penales y civiles o personarse” en la causa judicial que se pueda abrir a resultas de la investigación de la fiscalía.

Durante su intervención corroboró que su departamento ya ha reclamado al Ayuntamiento el reintegro de 216.000 euros más 44.000 de intereses por una parte de las ayudas recibidas.


El miércoles, la alcaldesa, Arantxa Martínez (EH Bildu), avanzó la existencia de este requerimiento, correspondiente a sendas partidas avanzadas por Desarrollo Rural para adecuar cuatro balsas de recogida de purines en otros tantos puntos del valle. En el caso particular de una de ellas, por más de 100.000 euros, el Ayuntamiento adoptó un acuerdo de cese de la actividad en enero de 2016, seis días antes del vencimiento de fechas para ajustarse a los términos de la concesión económica.


La primera edil no disimuló su temor a que el Gobierno de Navarra reclamase al Ayuntamiento la devolución del conjunto de las subvenciones, es decir, 2,4 millones, con la consecuente carga para las arcas municipales.


En su comparecencia de ayer, la consejera de Desarrollo Rural aludió también a la petición cursada a Comptos para “aclarar algunas cuestiones derivadas de las últimas aportaciones”.

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