Activar Notificaciones

×

Su navegador tiene las notificaciones bloqueadas. Para obtener mas informacion sobre como desbloquear las notificaciones pulse sobre el enlace de mas abajo.

Como desbloquear las notificaciones.

Sentencia

Tudela tendrá que devolver 200.000 € a la empresa del cubrimiento del Queiles

Una sentencia reduce la indemnización de 553.029 € que marcó el Ayuntamiento por incumplir el contrato

Imagen de las obras que se llevaron a cabo en el cubrimiento del Queiles.
Imagen de las obras que se llevaron a cabo en el cubrimiento del Queiles.
Archivo
Actualizada 30/01/2021 a las 06:00

El Ayuntamiento de Tudela tendrá que devolver 200.000 euros a la empresa Marco Obra Pública, que se encargó inicialmente de la reparación del cubrimiento del río Queiles y a la que se rescindió el contrato por incumplimiento culpable tras producirse varios retrasos y problemas en la ejecución de la obra.


Así lo ha confirmado una sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo, que admite parcialmente un recurso interpuesto por la empresa. A pesar de que admite recurso de apelación, el alcalde, Alejandro Toquero, confirmó que no se va a recurrir y que se procederá a devolver ese dinero.


DESDE 2009

Este proceso se remonta a 2009, cuando el Ayuntamiento, entonces con UPN en la alcaldía, adjudicó la obra a esta empresa por 1.070.000 €. A partir de ahí, empezaron a surgir problemas, el primero el inicio de la reparación, que se retrasó de mayo a octubre, a lo que siguieron varios parones por diferencias entre Marco Obra Pública y el Ayuntamiento.


Fue en diciembre de 2012 cuando el Ayuntamiento decidió resolver el contrato por incumplimiento culpable de la empresa, lo que también implicó la incautación de la fianza de 535.000 euros que aportó la compañía para cubrir daños y perjuicios, que finalmente se fijaron en 553.029 €. Esto hizo que el Ayuntamiento reclamara a la empresa otros 18.029 euros para completar el total de la cantidad. En 2016, la legislatura pasada, con I-E en la alcaldía, se adjudicó a otra empresa acabar la obra, que concluyó en marzo de 2017.


En todos estos años Marco Obra Pública ha presentado numerosos recursos, que en su mayoría han dado la razón al Ayuntamiento, algo que no ha ocurrido con el último, que estima parcialmente sus pretensiones.


En concreto, la empresa pedía anular un acuerdo municipal sobre la fijación de la indemnización y otro sobre los daños y perjuicios, ya que consideraba que no habían existido. Por último, reclamaba la devolución de toda la fianza de 535.000 € al defender que se había incautado de forma indebida.


El juez desestima los argumentos de la empresa en los dos primeros casos por distintos motivos y entra a analizar una a una las cuantías de la indemnización, dejando primero claro que la rescisión del contrato por incumplimiento culpable no puede discutirse porque ya hay sentencia firme que dio la razón al Ayuntamiento y tampoco la reclamación de daños y perjuicios.


Por un lado, respalda la cuantía marcada por el Ayuntamiento por los mayores gastos derivados de la falta de ejecución del contrato, que fue de 256.158 €. Y lo mismo ocurre con un informe pericial que encargó el Consistorio para determinar las causas de las deficiencias surgidas en la obra (8.400 €); y con los honorarios para redactar la modificación del proyecto y dirección de obra (69.406 €).


LOS DOS PUNTOS CLAVES

Pero es en otros dos conceptos en los que la sentencia reduce las cantidades reclamadas por el Ayuntamiento. La primera corresponde a la tasa por ejecución sustitutoria y órdenes de ejecución (46.880 €) por gastos derivados de las obras hechas por la empresa a la que se adjudicó luego el contrato. A este respecto, el juez indica que es “evidente” que no se corresponde con esa ejecución de la obra posterior.


Pero la mayor cuantía que tendrá que devolver el Ayuntamiento es de la indemnización por los daños derivados del retraso en la terminación de las obras (172.334 €).


FALTA DE JUSTIFICACIÓN

La sentencia reconoce que el retraso perjudica el interés público, pero que para marcar una indemnización hay que concretar un daño concreto y así evaluarlo económicamente. “La partida señalada por el Ayuntamiento no es el resultado de la concreción de un daño”, indica. Y se refiere al retraso en la obra. “Si la Administración hubiera actuado de otra forma los tiempos hubieran sido mucho más cortos”, añade, al tiempo que señala que no se puede imputar únicamente a la empresa el retraso de 2.415 días.


En cuanto a la cuantía, marcada en 71,37 € por día de retraso, dice que no le encuentra justificación como daño efectivo diario. “La Administración Local no justifica la relación entre esa cantidad y los daños que, de manera real y efectiva, sufrió por el retraso. No se trata de negar la existencia de daños, pero el Ayuntamiento no concreta ese daño, que únicamente afirma de forma abstracta”, continúa la sentencia, que acaba incidiendo en que el Ayuntamiento no ha cumplido con su obligación de concretar el daño sufrido y precisar su cuantificación.


Por este motivo, anula toda la indemnización por los daños del retraso, los 172.334 euros citados, que, unidos a los 46.800 euros de la tasa de ejecución sustitutoria, suponen los 219.064 € en los que se reduce la indemnización, que queda en 333.964 €.


Sin embargo, el Ayuntamiento tendrá que devolver 201.035 €, ya que los otros 18.029 € los reclamó por encima de la fianza que incautó y la sentencia también los anula.


Comentarios
Te recomendamos que antes de comentar, leas las normas de participación de Diario de Navarra

volver arriba
Continuar

Hemos detectado que tienes en Diario de Navarra.

Con el fin de fomentar un periodismo de calidad e independiente, por favor o suscríbete para disfrutar SIN PUBLICIDAD de la mejor información, además de todas las ventajas exclusivas por ser suscriptor.

SUSCRÍBETE