Salud

Denuncian que un fallo en la unidad de diálisis de Tudela obliga a ir a Pamplona a 45 pacientes

ALCER indica que una incidencia en el circuito de aguas del Hospital Reina Sofía de la capital ribera obligará a estos pacientes a desplazarse a Pamplona durante, al menos, los próximos 15 días

Acceso al hospital Reina Sofía de Tudela
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Diario de Navarra

Actualizado el 23/10/2026 a las 10:20

La Asociación para la Lucha Contra las enfermedades del Riñón, ALCER Navarra, considera "inaceptable y especialmente preocupante" la situación que se ha producido nuevamente en la unidad de diálisis del Hospital Reina Sofía de Tudela, tras detectarse una incidencia en el circuito de aguas que ha obligado a trasladar de manera urgente a Pamplona a las 45 personas que reciben allí tratamiento renal sustitutivo. 

Para estas personas, "muchas de ellas de edad avanzada y procedentes de diferentes localidades de la Ribera, no se trata de una simple incidencia organizativa", indica ALCER. "La diálisis es un tratamiento vital que no puede interrumpirse ni realizarse sin las máximas garantías de seguridad. Durante al menos 15 días tendrán que desplazarse hasta el Hospital Universitario de Navarra para recibir su tratamiento, en un tercer turno habilitado gracias al extraordinario esfuerzo de los profesionales de Nefrología y Enfermería del HUN y del personal de Enfermería de Tudela", explica la entidad.

ALCER Navarra quiere reconocer expresamente "esta respuesta profesional y humana". En palabras de Gema de la Nava, presidenta de ALCER Navarra "hemos notado una implicación y un nivel de empatía difícil de superar". "Han sido todo facilidades, poniendo todos los recursos necesarios a disposición de las personas y somos conscientes de lo complejo que resulta lo que se ve sencillo", explica.

Sin embargo, continúa ALCER, "el esfuerzo de los profesionales no puede convertirse en la solución permanente a un problema que corresponde resolver a la gestión sanitaria".

La situación genera todavía "más preocupación" porque existen antecedentes: en febrero de 2020 ya se produjo una incidencia relacionada con la infección del circuito de aguas de la unidad de diálisis de Tudela. "Que años después vuelva a producirse una situación que obliga a movilizar a 45 pacientes exige una reflexión profunda y una investigación rigurosa", apunta ALCER.

EL ORIGEN DE LA INCIDENCIA

La entidad considera imprescindible determinar con absoluta transparencia cuál ha sido el origen de la incidencia y si se han cumplido todos los protocolos, controles y requisitos de calidad y seguridad aplicables al agua y al líquido de diálisis.

La unidad actual fue inaugurada en junio de 2023 con instalaciones nuevas y de última generación, "por lo que resulta especialmente necesario esclarecer técnicamente qué ha sucedido, sin anticipar conclusiones ni responsabilidades hasta que exista una investigación independiente y suficientemente documentada", señala ALCER. 

"No hay por dónde coger esta situación. Lo que más nos preocupa es que estamos ante un problema que ya ha ocurrido anteriormente y que vuelve a tener consecuencias directas sobre la vida de 45 personas. Los pacientes tienen miedo y necesitan saber qué ha ocurrido, por qué ha ocurrido y, sobre todo, qué se va a hacer para que no vuelva a ocurrir", señala De la Nava.

PETICIONES AL GOBIERNO DE NAVARRA

ALCER Navarra reclama al Gobierno de Navarra y a los responsables del área de salud de Tudela un "plan de acción inmediato, con plazos y responsables claramente identificados", que incluya: una investigación exhaustiva de las causas de la incidencia y de los antecedentes existentes; la verificación independiente de la seguridad del circuito y de las instalaciones antes del retorno de los pacientes; una auditoría del cumplimiento de los protocolos y estándares de calidad aplicables al tratamiento de hemodiálisis; información clara, directa y periódica a los pacientes y a sus familias sobre la evolución de la situación; medidas para minimizar el impacto de los desplazamientos y de la reorganización de los turnos mientras dure la incidencia; y, si la investigación determina que ha existido una actuación inadecuada, la depuración de las responsabilidades de gestión o asistenciales que correspondan.

"Los pacientes no podemos aceptar que se pongan parches cada vez que aparece un problema. Necesitamos saber qué ha fallado y tener la garantía de que se va a solucionar de raíz. Si hay que revisar instalaciones, protocolos, responsabilidades o recursos, debe hacerse. El coste de solucionar definitivamente el problema nunca puede compararse con el coste humano de poner en riesgo un tratamiento del que depende la vida de estas personas", subraya Ana Garrido, vicepresidenta de ALCER Navarra

La entidad considera igualmente imprescindible que esta situación sirva para revisar de manera integral el funcionamiento de la atención nefrológica en la Ribera. "Las personas con enfermedad renal necesitan estabilidad, continuidad asistencial, liderazgo especializado, coordinación entre profesionales y una gestión que sitúe la seguridad y la calidad de vida de los pacientes en el centro de las decisiones", añaden desde ALCER.

La entidad quiere trasladar un mensaje claro a las personas afectadas: "no están solas. La entidad seguirá reclamando información, transparencia y soluciones, estando a disposición de los pacientes para acompañarlos durante esta situación. La salud de 45 personas no puede esperar. Pedimos al Gobierno de Navarra que tome cartas en el asunto con rapidez, transparencia y valentía. Hay que ordenar lo que haya que ordenar, investigar lo que haya que investigar y solucionar lo que haya que solucionar. No queremos explicaciones tranquilizadoras ni soluciones provisionales: queremos garantías de que esto no volverá a suceder".

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones ALCER, Manuel Arellano, indica que "respaldamos y apoyamos la ALCER Navarra y, sobre todo, a las 45 personas con enfermedad renal afectadas por esta situación". "Para un paciente en diálisis, recibir su tratamiento con seguridad y continuidad no es negociable: es una necesidad vital y un derecho que las administraciones tienen la obligación de garantizar", señala Arellano.

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