La Residencia Hogar San José de Corella se saltó “total y deliberadamente” la Ley Foral de Contratos Públicos, “ya sea porque se pagaron a proveedores por medio de contratos de menor cuantía (límite de 15.000 euros), o con fraccionamiento en los objetos de los contratos para ajustar el valor de la factura a la ley”.

Así lo afirma la Guardia Civil en el informe remitido al juzgado de instrucción número 2 de Tudela dentro de la investigación abierta al Ayuntamiento de Corella por presuntas irregularidades en la gestión realizada por el alcalde, Gorka García Izal (Alternativa Corellana Independiente -ACI-), entre los años 2023 y 2024.

Como se recordará, hace ahora un año este juzgado tudelano admitió a trámite una querella presentada por UPN contra el alcalde acusándole de delitos como prevaricación administrativa, malversación, y administración desleal.

UPN basó su denuncia en las irregularidades detectadas por la Cámara de Comptos en su informe sobre el ejercicio del año 2022.

Diario de Navarra adelantó este martes 23 de junio las primeras conclusiones del citado informe que la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil ha remitido al juzgado en las que se señalan múltiples contrataciones irregulares e incumplimientos de la ley.

En concreto, la Benemérita analizó los pagos realizados a más de 20 empresas proveedoras de diversos servicios y suministros, por un valor superior a los 2 millones de euros.

LAS CUENTAS DE LA RESIDENCIA

La Guardia Civil también analizó las cuentas de la Residencia Hogar San José, entidad municipal sin ánimo de lucro y de titularidad pública, a la que califica en su informe como un “caso inaudito e inexplicable” que “se ha mantenido al margen de las obligaciones que la ley exige a las administraciones públicas adjudicando absolutamente todos los contratos a los contratistas que ha considerado oportuno”.

Además, añade la UOPJ de la Benemérita, se pagaron “contra factura -sistema que consiste en pagar por productos o servicios después de recibirlos- importes muy superiores a los que la ley limita para contratos de menor cuantía”.

En concreto, la Guardia Civil analizó los contratos de la residencia entre los años 2023 y 2024 con 12 empresas distintas a través de los cuales se realizaron pagos por valor de cerca de un millón de euros.

CON FALTA DE INFORMACIÓN

La Guardia Civil destaca que, durante la elaboración de su informe, solicitó todos los contratos firmados con los proveedores de la residencia, “remitiéndose solamente algunos de ellos, desconociendo si el resto no existen o se han extraviado”.

“De los recibidos -asegura la UOPJ-, en algunos ni siquiera se indica el representante o responsable del Hogar San José y tampoco figura la firma, apareciendo, únicamente, los datos del representante y firma del proveedor”.

En las conclusiones del informe de la Guardia Civil sobre la gestión realizada por la Residencia San José de Corella se hace referencia al emitido por la Cámara de Comptos correspondiente al año 2022. En él se señala que este centro “no había realizado ninguna licitación en ese ejercicio ni, al menos, en los cuatro anteriores”.

Por ello, indica la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil, en junio de 2024 -año en el que se publicó el informe de Comptos- el Ayuntamiento comunicó que había contratado el asesoramiento de una empresa especializada para mejorar la gestión del centro.

El 15 de diciembre de 2025, la UOPJ requirió al Ayuntamiento diversa documentación, entre la que se encontraba un informe justificativo de contratación emitido por la directora de la residencia el 23 de enero de 2026, “a los pocos días de recibir nuestra solicitud”, indica la Guardia Civil.

“En el informe -dice la UOPJ- se comunica que existen 35 contratos por servicios y suministros, de los cuales solo uno había sido licitado”.

Por todo ello, la Guardia Civil deduce que el alcalde y la directora de la residencia “hicieron caso omiso a las recomendaciones dadas por Comptos en el sentido de regularizar los contratos”.

El alcalde de Corella, Gorka García Izal (ACI), ha solicitado al juzgado de instrucción número 2 de Tudela un plazo de tiempo para poder contrastar la información recogida en el informe elaborado por la Guardia Civil, en el que se le responsabiliza de múltiples contrataciones irregulares e incumplimientos de la ley durante los ejercicios de 2023 y 2024.

En su escrito, el alcalde presenta una serie de alegaciones al informe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil que, según indica, “afectan a la fiabilidad de los datos utilizados, a la metodología empleada, y a las conclusiones alcanzadas”.

Unas alegaciones que fueron resumidas este martes por ACI en una nota de prensa en la que esta formación política corellana afirmó que el informe elaborado por la Guardia Civil “no llega a apuntar más que a irregularidades administrativas, nunca penales y, lo que es más importante, no se atisba ni un mínimo indicio de enriquecimiento personal, percepción de comisiones, pagos a familiares, etc.”.

LOS ERRORES DETECTADOS

Según explica ACI, “el informe está trufado de errores” en el analizar de los contratos establecidos entre el Ayuntamiento y empresas y personas autónomas.

Según ACI, la Guardia Civil “comete dos errores que ponen en entredicho a ambas partes, extendiendo injustamente la sombra de sospecha a empresas y Ayuntamiento”.

En primer lugar, señala ACI, “dice que de algunas de esas relaciones comerciales no consta contrato, algo que es falso”; mientras que, por otra parte, “el informe se limita a sumar la facturación de cada empresa a lo largo de todo un año y a considerarlo como un único servicio”.

Además de los citados errores, continúa ACI, “el informe cuenta con otros muchos, que de no ser un tema tan serio, serían para echarse a reír”. “Confunde a una trabajadora autónoma que presta servicios de limpieza con una empresa distribuidora de electricidad; contiene facturas duplicadas; y atribuye pagos a unas empresas que, en realidad, corresponden a otras”, señala ACI, que también afea “los juicios de valor que se realizan en un informe que se presume como técnico”.

CRÍTICAS A UPN

ACI recuerda que la Cámara de Comptos ya fiscalizó los ejercicios 2021 y 2022 de la gestión municipal, “no hallando ninguna responsabilidad penal”. “En UPN, no contentos con el resultado, registraron una denuncia en la que se solicitaba el examen de los ejercicios 2023 y 2024, fruto de lo cual la Guardia Civil elaboró este informe en el que de nuevo es imposible depurar ningún tipo de responsabilidad penal y en el que, de nuevo, apunta a irregularidades administrativas”.

“¿A qué obedece la estrategia de UPN? -se pregunta ACI-. Es muy sencillo. Todo viene a que el 2027 es año electoral y, después de tres elecciones perdidas y ante la falta de propuestas, no les queda otra táctica que la de esparcir mierda”. “Su ira, además de poner en el disparadero al equipo de gobierno, ha puesto en el punto de mira y bajo sospecha a muchas personas y empresas, la mayoría de Corella, que llevan años trabajando, y muy bien, por la ciudad”, concluye ACI.