La ampliación de la planta de tratamiento de fangos de Tudela proyectada por NILSA en la depuradora sigue adelante tras quedar excluida de la moratoria aprobada el pasado 30 de octubre por el Parlamento de Navarra la planta de biogás prevista en sus instalaciones, en la que se tratarán los fangos. Esta prórroga, que salió adelante gracias al acuerdo alcanzado entre UPN y PSN, suspendía cautelarmente durante un año los expedientes de plantas de biogás en fase de tramitación, salvo aquellos que, con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley, hubieran obtenido la Autorización Ambiental Integrada (AAI) o hubieran sido declarados de interés foral. Esto a priori incluía a la planta de la capital ribera, que no poseía dicha certificación, según aseguró ayer Alejandro Toquero, alcalde de la ciudad, quien añadió que así se lo trasladó ese mismo día 30 Ana Bretaña, directora general de Medio Ambiente. No obstante, ha explicado el primer edil, que ha comparecido ante los medios acompañado de un nutrido grupo de concejales de UPN, que “el Gobierno de Navarra ha dilatado la publicación de la nueva Ley en el BON todo lo posible para que no entrase en vigor hasta la aprobación, por procedimiento exprés, de esa AAI -recibió el visto bueno el 5 de noviembre-, que normalmente tardaría semanas o meses y que deja a Tudela fuera de la moratoria”. “Es una maniobra que puede ser legal, aunque lo vamos a escudriñar hasta el final, pero eso no significa que no estemos ante una actuación infame y deleznable que define la catadura moral del señor Óscar Chivite -consejero de Cohesión Territorial y presidente de Nilsa-”, manifestó Toquero. 

RUPTURA DE RELACIONES CON EL GOBIERNO DE NAVARRA

Una situación que ha provocado “una profunda indignación”, en palabras de Toquero, que ha tomado dos medidas drásticas. En primer lugar, ha anunciado que ya trabajan “con servicios jurídicos y la Junta de Aguas para desligarnos de Nilsa y recuperar el control de la depuradora de Tudela”, lo que conllevaría la paralización del proyecto, así como la “ruptura de relaciones, más allá de lo estrictamente necesario, con el Gobierno de Navarra”.