El juzgado de instrucción número 2 de Tudela ha admitido a trámite una querella presentada por UPN contra el alcalde de Corella, Gorka García Izal (Alternativa Corellana Independiente), al considerar que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de delito de “prevaricación administrativa, malversación y administración desleal”.

La denuncia de UPN se refiere a las irregularidades que detectó la Cámara de Comptos en su informe sobre el ejercicio de 2022 relacionadas con la gestión de personal, contratación pública y subvenciones.

En el mismo, el órgano fiscalizador señalaba el Festival Corella Music Fest, organizado por el ayuntamiento y que hizo contrataciones “sin tramitar un procedimiento administrativo y eludiendo los mecanismos de control interno”.

Añadía que el consistorio realizó todas las contrataciones relacionadas con el festival “sin crédito presupuestario adecuado y suficiente”.

Comptos se refería también a la adecuación de un solar en la calle San Francisco que se ejecutó “sin el debido proyecto de obra, adjudicándose a través del régimen de contratos de menor cuantía”, cuando de los 212.829 euros de gasto total, uno de los contratistas ascendía a 117.586 euros, lo que excluía la adjudicación por dicho régimen.

El informe señalaba irregularidades en otros contratos, como la compra de un rodillo-compactador por 38.000 euros por el proceso simplificado, cuando los órganos de control interno del ayuntamiento detectaron una posible vinculación entre 2 de las 5 sociedades a las que se invitó al procedimiento. Y, posteriormente, a las 2 que presentaron oferta, sin que se tomara ninguna medida para comprobar si existía esa vinculación, lo que habría obligado a inadmitir una de ellas.

También ponía en cuestión la Cámara de Comptos la adjudicación de unas cabinas vestuarios para la ciudad deportiva, y la compra de un vehículo para el guarderío rural, entre otras.

CITADO A DECLARAR

Ahora, tras la admisión de la querella, el auto judicial, ante el que cabe recurso, ha tomado varias medidas. Entre ellas ha llamado a declarar al propio Gorka García a finales de julio y también al interventor municipal y al secretario en el año 2022.

A los anteriores se sumará el presidente de la Cámara de Comptos, Ignacio Cabeza del Salvador, firmante del informe, y reclama al Ayuntamiento que le entregue los 34 informes de reparo de la intervención municipal a los que hace referencia el informe del órgano fiscalizador.

Por último, el juez emite un oficio al Equipo de Delitos Tecnológicos y Económicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Navarra para que emita un informe analizando los ejercicios económicos de 2023 y 2024, no fiscalizados por la Cámara de Comptos, en el que analice los procedimientos de contratación pública y de personal del Ayuntamiento y de su organismo autónomo, el Hogar San José, que gestiona la residencia.