El Gobierno dice que los jueces tenían garantizado el viaje a Tudela en taxi
El Ejecutivo foral reconoce que no cubre la demanda con sus coches, pero niega que sea por el aumento de cargos, como decía una diligencia judicial
Actualizado el 18/09/2019 a las 06:00
El Gobierno de Navarra reconoció este martes que tiene problemas para cubrir la demanda de vehículos con su parque móvil, pero, al mismo tiempo, aseguró que los jueces que debían trasladarse a Tudela esta semana para celebrar juicios penales tenían garantizado su desplazamiento en taxi, a pesar de lo cual decidieron suspenderlos. Además, desde Interior, responsable del parque móvil, indicaron que la falta de disponibilidad de vehículos “no es un problema derivado del incremento de consejerías y direcciones generales en el Gobierno”.
Algo que sí afirmaba el letrado de la Administración de Justicia del juzgado de lo penal nº 3 en una diligencia que trasladó a las partes de un juicio suspendido tras, según reflejaba, tener varias conversaciones telefónicas con la dirección general de Justicia. En la misma diligencia añadía que se le comunicó que si se utilizaba el taxi tenía que ser el juzgado el que se encargara de llamarlo y de imprimir, rellenar y entregar a los taxistas un formulario para que luego se les abonara el coste.
A este respecto, desde la propia dirección general señalaron que no les parece “serio ni de recibo” que un letrado de un juzgado haga constar en una diligencia “presuntas comunicaciones orales entre no se sabe muy bien quién” cuando el director general, Rafael Sainz de Rozas, había remitido la semana pasada un informe al Tribunal Superior de Justicia de Navarra explicando la problemática existente y proponiendo el uso de taxi mientras se reorganice el parque móvil del Gobierno foral.
LA GESTIÓN DE TAXIS, CLAVE
Una solución que la sala de gobierno del TSJN aceptó en su reunión de este lunes como medida transitoria, aunque, a la vez, consideraba “indispensable” que la dirección general se encargue de gestionar las llamadas y los trámites necesarios con el taxi. Algo que, según las fuentes consultadas, ha sido el problema principal, ya que los jueces no tienen inconveniente en utilizar este medio de transporte.
Este martes, la dirección general de Justicia señaló a este respecto que “no hay ningún tipo de inconveniente” de encargarse de estas gestiones. Además, el TSJN también pidió que se eviten esperas innecesarias y requirió a Justicia para que habilite un medio de transporte ágil “a la mayor brevedad”.
De hecho, en la citada diligencia del letrado del juzgado nº 3 se reflejaba este problema, ya que señalaba que desde Justicia se le había comunicado que tenía que ser el propio juzgado el que llamara al taxi para ir a Tudela y, una vez concluidos los juicios, llamar de nuevo a otro de Pamplona para volver porque hay convenio con los de la capital navarra y no con los de Tudela. Añadía que el taxi de ida no podía esperar por el elevado coste.
A este respecto, Justicia negó que tenga convenios con empresas de taxis ni de Pamplona ni de Tudela y que funciona con peticiones puntuales.
Concretó que el coste es de 124 euros el viaje de ida y vuelta y que la tarifa de tiempo de espera asciende a 16,71 euros por hora. Por este motivo, indica que es más rentable que el taxista espere si supone menos de 7 horas, en vez de que vuelva a Pamplona tras dejar al juez y pedir luego otro servicio para regresar a la capital, ya que serían otros 124 euros más.
DESDE AGOSTO
Según refleja el informe que el director general envió al TSJN, Interior les trasladó en la tercera semana de agosto que “ante la demanda a la que había que hacer frente y los limitados medios de los que disponía”, no estaba en condiciones de facilitar vehículos para el traslado de jueces a Tudela.
Unos vehículos que Justicia aclaró que se utilizan para desplazamientos de jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia a juzgados como el de Tudela, así como diligencias judiciales o gestiones que van desde notificaciones a peritajes por toda Navarra y cuando no es posible el uso de autobús.
PROPUESTAS DE JUSTICIA
Añade que, ante esta situación, el consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, se reunió el 2 de septiembre con el de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez, y que le planteó varias cuestiones. Primero, su compromiso de reducir la demanda de transporte, para lo que prevé abrir una oficina en la cárcel de Pamplona que permitirá hacer diligencias judiciales que ahora provocan numerosos desplazamientos, por vía telemática.
Y la otra propuesta fue que la dirección general adquiriera vehículos propios asumiendo también el gasto de conductores, al considerarlo más ventajoso económicamente que el uso de taxis.
Remírez reconoció los “problemas puntuales” con el parque móvil por bajas y vacaciones de su personal y aseguró que consideraba “prioritario” este servicio de vehículos para Justicia, aunque lo siguió condicionando a la disponibilidad de medios. Sobre la compra de coches, “compartía sus ventajas”, pero dijo que era necesario un estudio global de necesidades de todo el Gobierno.
El mismo informe añade que los problemas de falta de disponibilidad de coches obligó a recurrir a taxis, un medio de transporte que la dirección general de Justicia señaló que ya se ha utilizado para trasladarse a Tudela en muchas ocasiones.
El director general concluye que el mismo día que redactó el informe supo que los Juzgados de lo Penal 1 y 3 de Pamplona habían decidido suspender los juicios señalados en Tudela “ante la perspectiva de un traslado en taxi”.
Los juicios penales se vienen realizando en Tudela desde 2002 para causas instruidas en la capital ribera y el acuerdo entre el TSJN y Justicia incluye también asegurar el transporte para jueces, fiscales y letrados de la Administración (antiguos secretarios).
La polémica de la suspensión de juicios penales por los problemas con el desplazamiento de jueces y letrados de la Administración de Justicia continuó este martes, después de que el lunes no se celebraran al menos tres juicios del juzgado número 3 de Pamplona y que han sido fijados para la semana que viene en la capital navarra.
Este martes, de nuevo, había previstos otros cinco juicios, en este caso del juzgado nº 1. La juez tampoco se desplazó a Tudela, pero convocó a las partes, con las que habló por videoconferencia, con el objetivo de comprobar si llegaban a un acuerdo previo que hiciera innecesaria la vista oral y, por tanto, diera por cerrado el procedimiento.
Al final, en dos de estos juicios se llegó a una sentencia de conformidad, pero no en otros dos, que, por tanto, fueron suspendidos.
El quinto caso era diferente, ya que era la reanudación de un juicio que ya había comenzado en fechas anteriores y que tampoco se pudo celebrar. Lo que sí trasladó la juez a las partes fue que su intención, a diferencia de lo hecho por el número 3, era fijar los juicios más adelante en Tudela y no en Pamplona, una vez que se solucione la situación.
Fuentes consultadas que están implicadas en los procesos de ayer sí señalaron que la suspensión de los juicios ha generado malestar no sólo entre los abogados, sino también en el resto de personas implicadas en los mismos, ya que hubo personas que tuvieron que realizar desplazamientos considerables y se encontraron con que no se iba a celebrar.
