Diario de Navarra

Una sentencia del Tribunal Supremo ha anulado el desvío obligatorio de camiones por la autopista AP-68 que se empezó a aplicar a finales de 2017 entre Zambrana (Álava) y Tudela para reducir el tráfico por la N-232 en La Rioja. Una medida que provocó problemas por el incremento del tráfico de vehículos pesados en los alrededores de la capital ribera, fundamentalmente en el tramo de la N-121-C que une la salida de la autopista con la autovía A-68. La sentencia es firme y, por tanto, sólo queda pendiente cuándo la aplicará el Gobierno y, por tanto, pondrá fin a este desvío obligatorio. El origen de este tema está en el Real Decreto que aprobó el Gobierno en diciembre de 2017 y por el que se prohibía a los camiones de cuatro ejes circular por las carreteras N-232, y también la N-124, en La Rioja. La única alternativa era un desvío obligatorio por la AP-68 entre los peajes de Zambrana y Tudela con unos descuentos del 75% para camiones que realizaran movimientos internos y utilizaran el sistema Vía-T y del 71,27 a los de largo recorrido que ya circularan por la autopista. El convenio se firmó por cuatro años, aunque la medida se prolongaría hasta el desdoblamiento de la N-232 en La Rioja, para lo que todavía no hay fecha de finalización. A cambio, la concesionaria de la autopista recibiría por parte del Estado y La Rioja unos 1,3 millones anuales como compensación por los descuentos. PROBLEMAS EN NAVARRA Esto convirtió en un ‘embudo’ el tramo de la N-121-C entre la salida de la autopista en Tudela y la autovía A-68 que incrementó el tráfico en esta zona en 2.600 vehículos pesados al día en ambos sentidos -los que salían y se incorporaban a la autopista- según datos que aportó el propio Gobierno de Navarra en su día. De hecho, el propio Ejecutivo tomó medidas como el reasfaltado de este tramo, que se había deteriorado por el tráfico de camiones, o la limitación de velocidad. Además, también tuvo que habilitar hace un año un nuevo ramal en la AP-15, con acceso gratuito, en dirección a La Rioja para evitar que los 1.300 camiones más que circulaban en ese sentido utilizaran la N-121-C. La inversión fue de 994.000 euros. RECURSO Y SENTENCIA Ante esta situación, una empresa riojana, el Grupo Logístico Arnedo, interpuso un recurso pidiendo la anulación del Real Decreto que aprobó el convenio entre el Gobierno de España, el de La Rioja y la Autopista Vasco Aragonesa para aplicar los descuentos a los camiones en el citado tramo de la AP-68. Consideró que se le estaba provocando un perjuicio económico diario al no poder acceder a las carreteras N-232 y N-124 y tener que utilizar la autopista. En su recurso, entre otros argumentos, la empresa alegó que el Real Decreto recurrido justificaba esta medida, en su exposición de motivos, en la congestión de tráfico de la N-232 y la N-124 en La Rioja por la elevada circulación de vehículos pesados, y en la contaminación acústica. Posteriormente, en otras resolución, se incluyó también la alta siniestrabilidad en ambas vías. ”Las razones que aduce el convenio no son la seguridad vial, como en la resolución, sino la contaminación acústica para fundamentar la expulsión del transporte pesado de las carreteras nacionales. Incluso, se valora una mayor fluidez en las vías sin mención alguna a razones de seguridad o siniestrabilidad”, señaló este grupo logístico, que añadió que, además, estas carreteras no atraviesan cascos urbanos, por lo que consideró que la contaminación acústica no es admisible. En la sentencia, el Supremo reconoce los problemas que puede generar el ruido, la congestión del tráfico y que las carreteras convencionales acumulan una parte importante de las víctimas de accidente de tráfico, si bien, añade, “no existe esa notoriedad acerca de si el porcentaje de camiones o vehículos ligeros es mayor o menor en la siniestralidad”. Añade que estos tres argumentos no son suficientes para acordar el desvío obligatorio por la autopista porque considera que se podría aplicar esta medida “en todas las vías convencionales sin justificación de las circunstancias concretas”. SIN ESTUDIOS De hecho, recalca que esta restricción “a la libre circulación de vehículos a los que se impone un gravamen como el citado uso obligatorio” debe estar justificada con estudios que acrediten que las medidas acordadas son las más adecuadas. También incide en que, además, el Real Decreto sólo se refiere al ruido y al tráfico y no a la siniestralidad, incluida en una resolución posterior que también ha sido recurrida. “La congestión de tráfico, por muy desagradable que sea, no es igual al concepto alta siniestrabilidad que hace mención a los accidentes y subsiguientes resultados letales, lesivos para las personas”, apunta. Por último, también señala que no hay datos sobre contaminación acústica, por lo que estima el recurso.

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El Supremo anula el desvío obligatorio de camiones por la AP-68 hasta Tudela

Recurrió una empresa riojana y la sentencia es firme; queda por saber cuándo se aplicará

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