Diario de Navarra

El Ayuntamiento de Tudela cerró el ejercicio de 2018 con un superávit de 4.396.877 euros, de los que 4 millones corresponden al propio Ayuntamiento y 375.221 a la Junta de Aguas, mientras que Castel-Ruiz lo hizo en negativo con 72.832 €. Esto supone que ya son siete los años en los que el cierre ha sido positivo, aunque teniendo en cuenta que en la anterior legislatura se debió, principalmente, a un plan financiero que limitó mucho la capacidad económica municipal tras varios años de déficit. Desde el equipo de gobierno actual (I-E, PSN y Tudela Puede) destacaron que en sus cuatro años ha habido superátiv: 645.764 € en 2015; 2,4 en 2016; 2,9 en 2016; 2,9 en 2017; y los citados casi 4,4 millones en 2018. Además, recalcaron que en este periodo la deuda ha bajado de los alrededor de 35 millones del primer año de legislatura a los 18,2 actuales, además de otros 5,6 millones de remanente de tesorería para futuras inversiones. Los datos corresponden al decreto de alcaldía de liquidación del presupuesto del ejercicio de 2018, de los que se da cuenta en el pleno municipal como se hizo ayer, pero que generalmente no generan ningún debate porque ni siquiera se pasan a votación. Sin embargo, ayer fue una excepción por la intervención de la portavoz del PP, Irene Royo. Explicó que al pleno iban dos decretos sobre el mismo tema. Uno que, según dijo, implicaba según el informe de Intervención que el Ayuntamiento tenía que aplicar un plan económico financiero. Y el otro, según añadió, “propone una solución que nos parece una chapuza” para evitar aprobar el citado plan. Royo continuó diciendo que este otro decreto busca “dar por válidos acuerdos que no se han tomado” para poder destinar el superávit de 2018 a inversiones financieramente sostenibles. “No hay ningún acuerdo así. El acuerdo se toma a posteriori y se tenía que haber tomado en 2018 para poder destinar el superávit a inversiones. La ley obliga a aprobarlo en 2018 y no está porque no existe. Se toma en 2019 afectando a un ejercicio anterior. Lo hacen porque este equipo de gobierno no quiere dejar por herencia otro plan, algo que criticó durante tanto tiempo. No van a dejar la herencia de un plan y durante un mes han buscado soluciones que pasan por dar por válidos acuerdos que no se han tomado”, aseguró. Incluso, llego a comparar este tema con que el Ayuntamiento adjudique “a dedo una obra a amigos o familiares” y luego se le informe que tenía que hacerse con una licitación abierta “y montar un expediente a posteriori, invitar a empresas y hacer ver que la adjudicación fue lícita”. Esta intervención no gustó al alcalde, Eneko Larrarte, quien primero le pidió a Royo “que mida a la hora de poner ejemplos” en referencia a esta última afirmación. Reconoció que en el primer decreto Intervención habla de un plan económico financiero para los próximos ejercicios, pero que el siguiente cambia. Añadió que en 2018 se aprobaron unos presupuestos con inversiones que, “por prudencia”, se financiaban con subvenciones y créditos porque podían hacerlo al reducir la deuda por debajo del 45%, “la mitad que cuando usted era concejal de Hacienda”, le dijo a Royo. Añadió que luego, la Federación Española de Municipios y Provincias emitió una nota que habla de prórroga del destino de superávit de inversiones financieramente sostenibles en 2019. “Lo que hacemos es, de la mano de los técnicos del Ayuntamiento y de Administración Local del Gobierno de Navarra, modificar la previsión de financiación de obras que ya se ejecutaron con superávit de 2017. Intervención ha hecho el informe de fiscalización y si no fuera posible legalmente no nos lo dejarían hacer. Igual hubiera preferido que hubiéramos dejado una herencia como la suya, pero dejamos una deuda de 18 millones, que en 2015 eran 35, sin préstamos, superávit todos los ejercicios y remanente de tesorería creciente”, dijo. El concejal de Hacienda, José Ángel Andrés, también negó cualquier ilegalidad. “Es un cambio de financiación que hacemos autorizados y asesorados por Administración Local y en vez de financiar con préstamos se hace con superávit porque tenemos unas cuentas muy saneadas”, recalcó. A subasta 2 parcelas municipales por 2,6 millones El pleno del lunes aprobó por unanimidad sacar a subasta dos parcelas municipales de la zona del Queiles. Salen en dos lotes, uno con un precio mínimo de 1.367.200 euros por un terreno donde se pueden construir unas 76 Viviendas de Protección Oficial, y otro por 1.298.255€ con 74 VPO, lo que hace un montante total de 2.665.455 euros y 150 viviendas. Esta subasta se suma a la que ya realizó recientemente el Ayuntamiento de nueve parcelas municipales en la misma zona. Se han adjudicado ocho de ellas, cuyo precio de salida era 1.160.729 euros, aunque finalmente se vendieron por 1.442.184€. En estas parcelas se pueden edificar 51 viviendas colectivas libres, 10 VPO y una unifamiliar. La que quedó desierta, que salió por un precio de 46.946€, contemplaba 3 viviendas colectivas libres. Según explicó el alcalde, el dinero recaudado se puede destinar a distintas inversiones y también a la compra de suelo. De hecho, parte de lo recaudado irá para financiar los terrenos que hay que expropiar para el complejo deportivo que se va a construir junto a la piscina cubierta. Por otro lado, el pleno también aprobó por unanimidad sacar a subasta 122,5 hectáreas de terreno comunal en el término de Ojo de Valdelafuente para la instalación de un parque fotovoltaico. En este caso se cederá por 30 años con un precio mínimo de 600 euros anuales por hectárea. A futuro, y a expensas de la aprobación del Gobierno foral, esta superficie se podría ampliar hasta llegar a las 343 hectáreas. La concejal Olga Risueño explicó que se hace ante el interés de varias empresas, entre las que están Ríos Renovables y Enhol.

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El Ayuntamiento de Tudela cerró 2018 con 4,4 millones de superávit

El equipo de gobierno destacó que ya son 4 años de cierre positivo y que la deuda ha bajado de 35 a 18 millones

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