Diario de Navarra

Vecinos de varias localidades riberas que residen en viviendas de protección oficial en régimen de alquiler social se están organizando después de que la empresa propietaria de las mismas haya empezado a enviarles burofax en los que les comunica que no va a renovar su contrato de arrendamiento una vez que concluya. La comunicación, mandada por Altamira Asset Management como administradora de los arrendamientos en representación de LURI 6, insta a los arrendatarios a ponerse en contacto para “ver el modo en que se efectuará la entrega de la posesión y resolución contractual”. Eso sí, añade que si quieren continuar en la vivienda “con un nuevo contrato”, sin especificar las condiciones, lo trasladarían al área de alquileres y patrimonio de Altamira “a fin de conocer si es posible esta opción”. Aclara que esta posibilidad no conlleva “ningún tipo de obligación de continuación en el contrato, ni supone la aceptación de tácita reconducción en el arriendo por parte de Altamira”. “Sólo es un sondeo de intenciones a fin de ser trasladado a la propiedad”, añade la comunicación. TEMOR EN LOS AFECTADOS Esta comunicación ha pillado por sorpresa a los arrendatarios de estas viviendas, que reciben una ayuda del Gobierno de Navarra para pagar la mensualidad cuya cantidad depende de la situación familiar y de sus ingresos. Ahora, a estos ciudadanos les asalta el temor de que puedan ser desahuciados o que la intención de la empresa propietaria sea la de aumentar el precio del alquiler. Además, también tienen el problema de que, si al final tienen que dejar sus casas, no saben si podrán seguir viviendo en la misma localidad que ahora dependiendo de si hay disponibilidad de alquiler social o no. Por el momento se desconoce el número total de afectados, aunque uno de ellos, con el que ha contactado este periódico y que prefiere no hacer pública su identidad, señaló que se ha conseguido localizar a 5 en Cortes, 7 en Ribaforada, 8 en Cintruénigo y otros 6 en Fustiñana. Sin embargo, añadió que pueden ser muchos más en la Ribera y en el resto de Navarra, ya que hay más viviendas propiedad de la empresa que está enviando los burofax. REUNIÓN EN CORTES Este lunes, casi 100 afectados mantuvieron una primera reunión en Cortes. También asistió Mariano Gracia, de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, a la que han solicitado ayuda porque aseguran no saber qué hacer, y quien les informó de los pasos a seguir. También acudió el alcalde, Fernando Sierra. De hecho, algunos ya han superado la fecha de fin del contrato y, aunque siguen en la vivienda, temen que la propietaria de los pisos, vinculada al Banco de Santander, se quede con la fianza que depositaron como pago del alquiler y que luego les desahucien. Sobre la opción que ofrece la empresa de seguir en los pisos con un nuevo contrato, señalaron que cuando llaman para preguntar les dicen que es posible, pero sin concretar condiciones. “No sabemos nada, si quieren venderlas, subir el alquiler o qué. Enviamos en septiembre una instancia al Gobierno de Navarra pero por ahora no nos ha contestado”, dijo un afectado.

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Vecinos riberos con alquiler social temen ser desahuciados de sus pisos

Están recibiendo burofax de la empresa propietaria en los que les comunican que no se va a renovar su contrato

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