Las redes sociales, facebook, tuenti y twitter y el movimiento 15-M de Pamplona, se han movilizado a favor de Julia Alzate Medrano, una vecina de San Adrián de 41 años , y sus dos hijos , una niña de 14 años y un niño de 11 años. Una sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Estella les conmina a desalojar la vivienda en la que residen desde hace 10 años en el número 23 de la calle Amistad de San Adrián, una casa que es propiedad de la abuela paterna de los menores. El exhorto o mandato del juez fija el desahucio para las 10 de la mañana del próximo 2 de marzo. "Estoy tan desesperada, después de ver cómo me desestimaban el recurso contra la sentencia, que no me ha quedado otra salida que buscar apoyo en las redes sociales, porque el de los amigos y la familia ya lo tengo", explicaba Julia Alzate.

Según relata Julia Alzate, en el 2002, ella y su pareja de hecho, que tenían ya dos hijos, se trasladaron a vivir de Pamplona a San Adrián a una vivienda propiedad de la abuela paterna de los menores que cedió la casa para que residiese la familia. En el 2007, la pareja se rompió y Julia Alzate y sus dos hijos continuaron viviendo en el número 23 de la calle Amistad de San Adrián. "En ese momento, no hubo ningún problema, porque él se fue a vivir con su actual pareja y no se habló nada respecto a la vivienda. Es cierto que nunca se ha pagado el alquiler porque nunca se nos pidió, pero siempre se han pagado los gastos de luz, agua y gasoil".

En noviembre del 2010, la abuela presentó una demanda en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Estella solicitando el desalojo de la vivienda alegando la falta de legitimación, ya que tanto María Alzate como sus dos nietos residen en la casa en situación de precario. "Lo que argumenta es que quiere recuperar la casa que cedió al hijo".

En la sentencia, el juez señala que al no existir en este caso un contrato de comodato, que se caracteriza por la cesión gratuita de un bien por un tiempo determinado, debe apoyarse en la jurisprudencia existente- se hace referencia a varios casos- y afirma que: "Debe enfocarse el tema desde el punto de vista del derecho de propiedad y no del derecho de familia porque las consecuencias del divorcio o separación no tienen que ver con los terceros propietarios".

Sin recursos

Julia Alzate afirma que, si sus medios económicos se lo permitiesen, hubiese abandonado la vivienda cuando comenzaron los desencuentros con la abuela de sus hijos, poco después de su separación. "Pero el problema es que soy mileurista. Con esos mil euros tengo que dar de comer a mis hijos, pagar los recibos y la gasolina hasta Peralta donde trabajo a jornada partida. Pero, las cuentas no me llegan. Mi hijo necesita un cuidado especial y debo pagar también a un chica para que lo lleve y traiga del colegio. Hace dos días se me acabó el gasoil de la calefacción y hasta el mes que viene no puedo poner más. Además, que nadie se piense que esto es un palacio. La habitación del niño tiene goteras, que no puedo arreglar, y tiene que dormir conmigo".

Julia Alzate señala que el problema es todavía más grave desde el punto de vista familiar si se tiene en cuenta que desde hace casi dos años el padre de los niños no le abona la pensión de manutención por los niños. "Debería pagar según sentencia entre 350 y 600 euros. Pero nunca ha pagado ni siquiera el mínimo. Solía hacer ingresos de 100 o 200 euros. He denunciado estos hechos, pero no me han hecho caso. Si recibiese ese dinero podría pagar el alquiler de un piso en San Adrián porque no quiero desvincular a mis hijos de su entorno ni de sus amigos", comentó la afectada.

Además de recurrir a las redes sociales, Julia Alzate ha solicitado una entrevista con la comisión de Bienestar Social y con el alcalde de San Adrián para que intercede o le ayude a buscar una solución. "Estoy desesperada y mis hijos lo están pasando muy mal".