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Ayuntamiento de Estella

Eximen de responsabilidad a Ganuza y a Fernández en el caso Oncineda

El informe, pedido por el Ayuntamiento, indica que las exalcaldesas de UPN y del PSN siguieron las indicaciones técnicas

María José Fernández y Begoña Ganuza
María José Fernández y Begoña Ganuza
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  • Diario de Navarra
Actualizada 24/11/2020 a las 06:00

El informe encargado por el Ayuntamiento de Estella a una empresa externa exime de responsabilidad patrimonial a las exalcaldesas María José Fernández (PSN)- al frente del consistorio en la legislatura 2003-2007- y a Begoña Ganuza (UPN)- primera edil en los periodos 2007-2011 y 2011- 2015- por el llamado caso Oncineda, un litigio urbanístico originado en los terrenos donde iba a construirse una ciudad deportiva y que ha costado a las arcas municipales 1,7 millones de euros. El informe, anunciado hace un año por el entonces alcalde Gonzalo Fuentes, de Navarra Suma, y firmado el pasado 4 de noviembre, estipula que “no concurren los requisitos necesarios para exigir responsabilidad contable, ni por alcance, ni por incumplimiento de las previsiones”, a las dos exalcaldesas, como tampoco se observa ninguna responsabilidad patrimonial asociada a ilícito penal.

El documento, firmado por el abogado José Iruretagoyena Aldaz, añade que, a fecha de hoy, tampoco puede incoarse, ni frente a las alcaldesas firmantes de los convenios y sus anexos, ni frente al personal al servicio del Ayuntamiento de Estella, ninguna acción de responsabilidad jurídica. El estudio justifica este punto por no existir “el presupuesto necesario de que el Ayuntamiento de Estella haya tenido que indemnizar previamente a ningún administrado cantidad alguna derivada de tal anulación”.

ESCASAS POSIBILIDADES

El informe jurídico admite la posibilidad de que los propietarios de las parcelas afectadas inicien un proceso encaminado a solicitar que el Ayuntamiento de Estella les indemnice por los daños que, a su entender, puedan derivarse por la anulación del proyecto urbanístico. Pero también añade que las posibilidades de que eso ocurra son escasas. Sobre este particular el informe argumenta que “no se derivan unos daños fácilmente constatados ya que recuperan la plena disponibilidad de sus terrenos que generarán los aprovechamientos urbanísticos en el sector Ibarra, cuyo valor expectante no tiene por qué ser menor que el de los 43,94 €/m2, que se fijó por la valoración municipal realizada por el asesores externos del Ayuntamiento de Estella, y se ratificó como justiprecio por sentencia firme de los tribunales, que rechazaron el valor de 108 €/m2 establecido por el jurado sobre la base de una valoración efectuada por un particular”.

Entre las conclusiones, el informe señala que “de cualquier modo, no estamos ante un daño real, cierto y evaluable económicamente”. La única consecuencia económica que se ha derivado hasta el momento, indica el documento, ha sido el pago de los justiprecios fijados por sentencias judiciales firmes, a razón de 43,94 €/m2, más intereses legales moratorios, por la expropiación de las parcelas . “El importe de la contraprestación se corresponde con el valor que fue considerado correcto con arreglo a los aprovechamientos que se generarían con usos de viviendas protegidas. No existe acreditación alguna de que ese valor no sea adecuado e incluso que pueda ser superior en el momento de su futura enajenación”.

Sobre las decisiones tomadas por María José Fernández y por Begoña Ganuza, el informe argumenta que actuaron siguiendo las indicaciones y firmando los documentos que se les presentaban a firma, contando en todo momento con el asesoramiento expreso de la empresa que realizaba el asesoramiento externo en materia jurídico-urbanística. “En ningún momento se les advirtió, por parte de los servicios municipales, sobre la posible ilegalidad de sus actuaciones”.

El informe indica que “los hipotéticos daños se deben más a “la extremada tardanza en la tramitación del planeamiento para el desarrollo del sector urbanístico, sobrepasando el plazo de ocho años que se establecía para obtener sin coste económico para el Ayuntamiento los terrenos del Sistema General Adscrito de Oncineda”.

Nuevo capítulo que abarca a todos los implicados en el expediente

 


A finales de octubre de 2019, el grupo municipal de Bildu de Estella, entonces en la oposición, compareció para insistir en las responsabilidades patrimoniales de las ex alcaldesas - María José Fernández (PSN) y Begoña Ganuza (UPN)- por el denominado caso Oncineda, un litigio urbanístico originado en los terrenos donde iba a construirse una ciudad deportiva que ha costado a las arcas locales 1,7 millones de euros. Una cantidad abonada a dos promotoras -Herchi y Alhama- en cumplimiento de sentencias judiciales en lo que supone un grave perjuicio para el consistorio. En esa rueda de prensa, el grupo abertzale aseguró que intentaría conseguir un informe para que fueran solamente las dos ex primeras ediles “quienes paguen las consecuencias de sus actos”. Un mes después, Gonzalo Fuentes, de Navarra Suma, entonces en la alcaldía, anunció el encargo de un informe a un profesional externo para determinar si cabía exigir responsabilidades. La exigencia iba más allá de a quienes ocupaban el Ayuntamiento en las anteriores legislaturas, cómo había reclamado Bildu, pues se extendía a todas las personas y agentes implicados en el expediente. Con este informe se cierra un capítulo más del caso Oncineda que hace unas semanas dio carpetazo a otro largo proceso judicial con la última sentencia del Tribunal Supremo, al que uno de los propietarios de las fincas recurrió para ser indemnizado por el incumplimiento de lo establecido en los convenios y anexos firmados con el consistorio entre 2006 y 2007. Su petición no fue admitida a trámite.

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