La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) ha remitido a la Fiscalía las investigaciones sobre el alcalde de Ujué, Rubén Sánchez Remón, al apreciar indicios de delito en la adjudicación de la rehabilitación de la casa consistorial a la constructora de su propiedad. En su informe, la oficina concluye que esta empresa debió ser excluida de la licitación y que el consistorio ha incumplido la legislación en materia de incompatibilidades y de contratación pública. Además, el alcalde “ha incumplido sistemáticamente el deber de abstención en todos los procedimientos” en los que el ayuntamiento ha adjudicado obras menores a dos empresas en las que tiene participación en el capital social.

La Oficina de Buenas Prácticas abrió una investigación sobre el Ayuntamiento de Ujué a raíz de una denuncia anónima recibida en enero de 2024 sobre la posible existencia de irregularidades en distintas adjudicaciones de contratos de obras. Según este denunciante, las dos constructoras del alcalde se habían encargado de la práctica totalidad de las obras en la localidad desde 2015, cuando Rubén Sánchez accedió a la alcaldía. Las pesquisas se han centrado en las obras de la casa consistorial por ser el contrato de mayor cuantía (242.000 euros IVA no incluido). En este caso es de aplicación el artículo 22 de la Ley Foral de Contratos Públicos, que prohíbe la contratación de empresas en cuyo capital social participen cargos electos de dicha administración.

Este contrato salió a licitación en noviembre de 2018. En el anuncio en el portal de contratación figura como persona de contacto el propio Rubén Sánchez, “hecho que ya acreditaría que el alcalde no se abstuvo en el procedimiento”. Las actas también reflejan que el alcalde participó en la elaboración y aprobación del pliego.

CONTRATO "NULO"

Las obras se adjudicaron en un pleno convocado el 24 de diciembre de 2018 a Construcciones y Reformas La Blanca, mercantil que es propiedad del alcalde de la localidad y de su esposa, Idoia Goyén, que es concejal. Ambos se ausentaron de la votación del pleno al considerar que existía “causa de abstención”. Sin embargo, la OANA concluye que existía “supuesto de incompatibilidad”, es decir, que su empresa no podía participar.

La ley de contratos establece una excepción a la “incompatibilidad” para los municipios de menos de 2.000 habitantes. Sin embargo, la oficina deja claro que esa excepción sólo se aplica a los contratos menores, es decir, los de menos de 40.000 euros. “La causa de incompatibilidad concurre o no concurre, no existe una incompatibilidad minimizada como pretende el ayuntamiento”, añade el informe. La oficina concluye que este contrato es “nulo de pleno derecho” y que las obras debieron ser adjudicadas a la empresa con la segunda puntuación más alta. La OANA añade también que no existió un informe técnico con una motivación de las puntuaciones a cada oferta. De hecho, la constructora del alcalde obtuvo la máxima puntuación posible.

En un escrito remitido por el alcalde a la OANA señala que no hubo “voluntad de incumplir las normas de incompatibilidad, sino una omisión de información de esa incompatibilidad que no corresponde a este alcalde considerar a quién se debe ese error”. “Todos los ayuntamientos que he presidido han trabajado de manera honesta, por el amor hacia su pueblo y que gracias a esa entrega se ha conseguido realizar la multitud de proyectos ejecutados”, añadía Rubén Sánchez.

Buenas Prácticas rechaza estos argumentos. Admite que la secretaria-interventora no hizo advertencia de ilegalidad “si bien existen indicios de que, de alguna manera, no se le ha permitido desempeñar las funciones propias del puesto de Secretaria, lo que, unido a los graves incumplimientos de la legislación vigente constatados, obligan a remitir las actuaciones a la Fiscalía de Navarra, al advertirse hechos o conductas presumiblemente constitutivos de delito”, añade la OANA. Rubén Sánchez se presentó a las elecciones municipales en la Agrupación Popular Basandía. Fue miembro de la ejecutiva de Geroa Socialverdes pero se dio de baja el 15 de abril al conocerse la investigación.

Reforma de la casa consistorial Fue la adjudicación más elevada (242.000 euros) mediante procedimiento abierto. Según la normativa, la constructora del alcalde debió ser excluida de la licitación.

Obras en el cementerio Contrato menor (26.650 euros) que se adjudicó en junio de 2016 a Jusan, constructora que había creado el alcalde de Ujué con un socio un mes antes.

Reforma de la casa de los maestros Septiembre de 2016. El presupuesto ascendía a 50.800 euros pero se dividió en dos: tejado (38.700 euros) y fachada (15.900 €). El propio alcalde se invitó a sí mismo a participar en la licitación y tras adjudicarse el contrato, el mismo alcalde certificó la ejecución de la obra.

Tejado de las escuelas Marzo de 2020. El ayuntamiento sólo invitó a Jusan a participar en la licitación (36.900 euros). Esta obra recibió una subvención nominativa del Gobierno foral.

Primera fase de los bajos de las escuelas En 2022. Sólo consta la invitación a Jusan. Estas obras (39.960 euros) también recibieron una subvención nominativa. El coste real fue de 59.934 euros (IVA incluido).

Segunda fase de los bajos de la escuela En 2023-2024. Se presentó únicamente la oferta de Construcciones La Blanca tras renunciar a dicha obra otra empresa creada por un antiguo trabajador de La Blanca. Incluyó una subvención de Administración Local. El mismo alcalde firmó la entrega y la recepción de la obra.

Viviendas protegidas de alquiler La Oficina de Buenas Prácticas recibió una segunda denuncia anónima en enero de 2024 contra Nasuvinsa y el Ayuntamiento de Ujué por presuntas irregularidades en la rehabilitación de la antigua casa de los maestros para hacer cuatro viviendas de VPO.