Los análisis a los que se sometieron los lixiviados y residuos que, desde la planta de tratamiento de residuos de Guipúzcoa, llegaron a la planta Ecofert en Artajona no han arrojado toxicidad. Así lo aseguró este viernes 12 de abril Ana Bretaña, directora general de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, durante el transcurso de una comisión en la que se informó sobre el procedimiento administrativo abierto contra la empresa de Artajona por recibir unos lixiviados para los que no estaba autorizada. El pasado mes de enero, el Ejecutivo foral decretó el cierre cautelar de la empresa por este motivo que, sin embargo, todavía no ha se ha producido ya que, según expuso Bretaña, las medidas cautelares no pueden aplicarse hasta no cerrarse el procedimiento.

Durante su intervención aseguró que el Gobierno foral llevaba tiempo haciendo un seguimiento de la actividad de Ecofert. “Se inició antes de la denuncia interpuesta por el Seprona en relación a los lixiviados. Ecofert obtuvo la Autorización Ambiental Integrada en 2016 y, por su riesgo, esta empresa se debía visitar una vez cada tres años. Sin embargo, las visitas estaban programadas cada seis meses”, indicó Bretaña, que cifró en ocho los expedientes sancionadores contra la empresa, cinco ya cerrados, dos más en curso con resolución finalizadora y otro, el actual, en resolución de inicio.

De los análisis hechos se desprende, en palabras de Bretaña, que no hay toxicidad aunque sí se detectó la presencia de E.Coli, algo que, apuntó, podría deberse a una excesiva presencia de humedad. Insistió no obstante en que la razón por la que no se debía recibir este tipo de residuo en Artajona es “por su condición líquido y porque en su origen no hay separación”. Repitió una vez más en que, una vez identificado el problema de lixiviados, la prioridad de la dirección general de Medio Ambiente fue que se cesará en su recepción y en tener conocimiento de la situación real de la planta. En este sentido, se refirió al control de camiones y cisternas con materiales no autorizados por parte de Policía Foral y de personal de Guarderío controlando el nivel de las balsas.

Por su parte, el consejero José Mari Aierdi, incidió en que el departamento “no ha pretendido tapar nada sino todo lo contrario actuando además con la máxima diligencia”. Se refirió Aierdi a una “mala praxis” por parte de dos empresas -Ecofert y Ekondakin, que gestiona los residuos de Guipúzcoa-, una receptora y otra emisora de un producto que no se podía trasladar. “Una planta de compostaje no puede recibir fracción resto ni lixiviado y ahí es dónde se ha centrado la acción del departamento, insistimos, ya antes de la denuncia”, reiteró.

Enel turno de intervenciones, Miguel Bujanda (UPN), aseguró sentirse “todavía más preocupado” tras escuchar las explicaciones. “No sabemos cuántas toneladas de compost han salido de allí sin ningún control. El Gobierno de Navarra ha sido poco diligente y riguroso”, afirmó. Crítico se mostró también Adolfo Araiz (EH Bildu), quien lamentó que “nos han metido gato por liebre”, como Irene Royo (PP), quien calificó la situación “de extrema gravedad”. “Da la sensación que el Gobierno de Navarra está encubriendo una mala gestión del Gobierno Vasco”, añadió. Desde Vox, Emilio Jiménez opinó que “hay que estar más encima de las empresas que pueden provocar riesgo grave al medio ambiente”.

Carlos Mena (PSN) aseguró que el Gobierno foral ha actuado “conforme a la normativa”, como también indicó Pablo Azcona (Geroa Bai). “No ha habido ni connivencia ni inacción”, dijo. Por su parte, Carlos Guzmán (Contigo), defendió la labor del Ejecutivo foral “ante un evidente cúmulo de despropósitos medioambientales”.