La empresa Ecofert Sansoain de Artajona ha recibido ilegalmente más de 5.000 toneladas de lixiviados líquidos de la planta de tratamiento de residuos de Guipúzcoa. En concreto, asumió 2.100 toneladas de estos residuos irregulares en 2022 y 3.400 más, en 2023. Fue el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José María Aierdi, quien confirmó estos datos en el transcurso de la comisión de Desarollo Rural y Medio Ambiente celebrada ayer por la mañana y quien anunció el cierre cautelar de la planta.

Los lixiviados son líquidos que se generan al pasar a través de residuos sólidos, como puede suceder en una planta incineradora. Estos líquidos “pueden contener sustancias tóxicas y deben gestionarse adecuadamente para evitar impactos ambientales negativos”. La empresa de Artajona ha incumplido la autorización ambiental integrada, afirmó Aierdi, por lo que el departamento ha decretado el cierre cautelar de la instalación y la apertura de expedientes sancionadores. El Ejecutivo foral comunicó el pasado mes de diciembre que la empresa Ecofert Sansoain de Artajona estaba recibiendo residuos líquidos con códigos incorrectos del complejo medioambiental de Gipuzkoa, en Zubieta, que incluye una incineradora.

Ante la posibilidad de recibir “lixiviados disfrazados como lodos”, se abrió un expediente de investigación por parte de los inspectores navarros. Simultáneamente, la Guardia Civil, a través del Seprona, inició una investigación dirigida por un juzgado de San Sebastián, que tiene una pieza penal abierta sobre la gestión de la incineradora. En ese sentido, el consejero aclaró ayer que “este expediente no surge de denuncias públicas ni de solicitudes de información del Seprona, sino como parte de un proceso ordinario de control”.

Aierdi explicó que la codificación del residuo enviado a Artajona se realiza en origen. “Pero lo crucial en este suceso es que se trata de un residuo líquido, que, independientemente de la codificación, no debería haber sido aceptado por las instalaciones”, subrayó. A principios de 2023, tras recibir un aviso anónimo sobre residuos líquidos aplicados al terreno, se llevó a cabo una inspección en la instalación de la empresa. En la misma se observó que la balsa de decantación estaba llena y el líquido se desbordaba continuamente a una acequia cercana, por lo que se multó a Ecofert Sansoain con 20.001 euros.

En marzo, el transporte no autorizado de lixiviados llevó a un informe de inspección, tras el cual se instó a la empresa a cesar la recepción de residuos, enviar la balsa de lixiviados a un gestor y procesar el material. Posteriormente, se inició un expediente sancionador de hasta 50.000 euros. Según el consejero, una nueva inspección en noviembre con Policía Foral volvió a detectar deficiencias, por lo que en enero de este año el departamento ordenó cesar la recepción de residuos e interpuso una nueva sanción de 40.000 euros, además de la paralización de la actividad hasta subsanar deficiencias.

En su intervención, Miguel Bujanda (UPN) calificó los hechos como “un auténtico despropósito desde el origen hasta el final”. “Una empresa pública perteneciente a la Diputación de Gipúzcoa comete una ilegalidad flagrante”, denunció. Por parte del PSN, Carlos Mena calificó la situación “de máxima preocupación”. Desde EH Bildu, Adolfo Araiz, apuntó a un fallo en el control interno. “Me da la sensación que el departamento no se entera hasta el 15 de diciembre, y se comprueba en ese momento que los lixiviados, como lodos, provienen de la planta incineradora de Zubieta”. Pablo Azcona (Geroa Bai), remarcó “la diligencia y rapidez con la que ha actuado el departamento”. “Navarra ha hecho lo que tenía que hacer”. Una opinión que no compartía Javier García (PP), que mostró su preocupación “ante una falta de control absoluto”. A una mayor coordinación entre administraciones apeló Carlos Guzmán (Contigo-Zurekin) mientras que Emilio Jiménez (Vox) opinaba que el cierre cautelar debería haberse producido antes “dada la gravedad de la situación”.