Diario de Navarra

El Gobierno de España ha encargado un estudio de carácter “independiente” sobre la seguridad del recrecimiento del embalse de Yesa. Encomienda al Colegio Profesional de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de España que confronte los diferentes informes ya existentes, tanto los de la Administración General del Estado que corresponden al proyecto de obras como los elaborados por el Gobierno de Navarra, que “cuestionan el rigor técnico” de los anteriores. Así lo recoge una Resolución del 29 de junio de la Dirección General del Agua por la que se encomienda la elaboración del dictamen sobre la presa de Yesa, y que publicaba el 13 de julio el Boletín Oficial del Estado. Entre los objetivos, según recoge este documento, está “aclarar y confirmar el rigor técnico de los documentos aprobados” por el Estado frente a la “confusión y alarma generadas en las poblaciones vecinas” a través de los dados a conocer desde el Ejecutivo foral. Recuerda la Dirección General del Agua en el convenio de encomienda suscrito con el Colegio de Ingenieros que “en relación con la presa de Yesa el Gobierno de Navarra ha encargado la redacción de informes técnicos a especialistas en materias relacionadas con la geología, geotécnica o materiales empleados en la obra actualmente en ejecución”. “Estos informes cuestionan el rigor técnico de los estudios realizados por la Administración General del Estado cuando redactó el correspondiente proyecto de obras”. Frente a esta “situación de incertidumbre y desconfianza creadas”, el Estado, a través del actual Ministerio para la Transición Ecológica (anteriormente de Medio Ambiente) entiende “adecuado” encomendar al citado Colegio, “como Corporación de Derecho Administrativo independiente”, que “confronte” los diferentes estudios e informes y “deje determinada la validez y corrección de los elaborados por la Administración General del Estado”. “Además, y si así lo considerase, que establezca la necesidad de incluir otros informes o consideraciones técnicas formuladas por otra administración pública”, añade el Estado. Considera asimismo que es el carácter “independiente” del Colegio Profesional “lo que determina la conveniencia y necesidad de firmar el presente convenio”. “Una entidad independiente de las administraciones públicas afectadas. Es decir, de la Administración General del Estado como redactora del proyecto y órgano de contratación de las obras de ejecución del proyecto de recrecimiento de la presa de Yesa, y de la Comunidad Foral de Navarra que cuestiona lo actuado”. Una entidad, además, “con la necesaria capacidad técnica que exige la materia”. DICTAMEN, PARA 2020 Para la realización del dictamen sobre los diferentes informes emitidos en relación con la seguridad de Yesa, el Colegio deberá analizar tanto los elaborados por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), como los encargados por el Gobierno de Navarra. Entre los segundos, figura el informe elaborado en 2016 por una comisión interdepartamental del Ejecutivo foral que concluyó que veía “incertidumbres” de seguridad en Yesa, o los informes que puedan emitirse en base al Acuerdo del Gobierno de Navarra, de fecha 6 de septiembre de 2017, sobre aspectos de seguridad de las obras de recrecimiento de la presa de Yesa. La encomienda ahora firmada, que “tendrá una vigencia máxima de dos años desde su publicación en el BOE”, se prevé que costará 181.500 euros (IVA incluido). Este montante se sacará de la partida presupuestaria de la Dirección General del Agua denominada ‘Obras del Pacto del Agua-Yesa’. Se prevén realizar los trabajos entre 2018 y 2020, año en el que se deberá disponer de un “dictamen final sobre la seguridad de las obras del proyecto de recrecimiento de la presa de Yesa”. Actualmente, el final previsto para las obras está fijado el 30 de noviembre de 2021. “Maniobra con fines ocultos” Las asociaciones Río Aragón y Yesa+No, contrarias al recrecimiento, ven “una maniobra con fines ocultos” la encomienda sobre Yesa al Colegio de Ingenieros. “Supone el reconocimiento, por parte de la Dirección General del Agua, de dudas más que razonables sobre lo que está ocurriendo en Yesa”, afirman. Creen que “no puede considerarse árbitro entre administraciones discrepantes alguien impuesto por una de las partes”, en este caso el Estado. Señalan además que “la composición de los órganos de gobierno de los colegios profesionales, que defienden los intereses de sus colegiados y donde muchos forman parte de grandes constructoras que operan en obras como Yesa, les hace especialmente proclives a sus intereses y a la administración que las contrata”. Piden finalmente que el Gobierno de Navarra “continúe con la elaboración de un estudio independiente de expertos internacionales”.

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El Estado encarga un dictamen “independiente” sobre Yesa

Encomienda al Colegio de Ingenieros de España confrontar diferentes informes estatales y del Gobierno de Navarra

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